Fotografía sólo referencial.
El Mercurio /Archivo.SANTIAGO.- Como "un grave error" calificó la bancada de diputados de RN por La Araucanía, el anuncio del gobierno en torno a no aplicar la Ley Antiterrorista y a recalificar las cuatro querellas interpuestas por el Ministerio Público.
Así, lo expresaron esta mañana los diputados Germán Becker, Jorge Rathgeb, José Manuel Edwards, Diego Paulsen y René Manuel García, quienes señalaron que les parece "grave que el gobierno en vez de estar al lado de las víctimas, defendiéndolas y amparándolas, aparezca cuestionando una legislación que está en todo rigor completamente vigente".
"La Ley Antiterrorista está plenamente vigente en nuestro ordenamiento jurídico y nunca ha sido invocada para resolver conflictos sociales, sino para perseguir la ejecución de crímenes gravísimos y de acciones violentas, que buscan generar temor en la población", señaló Becker.
Los parlamentarios se mostraron preocupados porque el gobierno haya recalificado cuatro querellas interpuestas por el Ministerio del Interior, para dejarlas como delitos comunes: como el aparato explosivo en la casa del agricultor Pooley en Temuco, la muerte de los brigadistas en Carahue en enero de 2012, el atentado a un helicóptero de Mininco y el descarrilamiento de un tren.
Frente a esto Rathgeb dijo que la Ley Antiterrorista "no está orientada a una condición social en particular, sino que a hechos puntuales que por la gravedad de los actos, la ley debiera sancionar como tal. En este sentido, los hechos producidos, varios de ellos en la zona a la cual represento, era necesario aplicar con toda fuerza esta norma".
"El gobierno a través de estas señales está abandonando a las víctimas de delitos repetidos. Las personas que viven en lugares de conflicto viven atemorizadas de que les quemen las casas repetidamente, que los violenten o que simplemente los apedreen. Es imposible pensar que un delito de un incendio intencional en el que mueren 7 brigadistas no es un delito que busca infundir temor, y es también difícil entender por qué en todos los países del mundo descarrilar un tren es un delito terrorista, pero en Chile al parecer para nuestras autoridades no lo es", expresó Edwards.
Para Paulsen, esta situación es "a lo menos gravísima y preocupante, porque nos demuestra una total incoherencia en el discurso del actual gobierno, vemos que hoy quien realiza este anuncio es el mismo Ministro que fue gobernador en la provincia de Arauco y aplicó en tres ocasiones la ley antiterrorista. Estamos viendo un sesgo ideológico y aprovechamiento político en esta causa, que lo único que hace es generar indefensión en el mundo agrícola, campesino, en el mundo del transporte de nuestra querida región".
Finalmente, el diputado García sostuvo que "la decisión del gobierno de Bachelet envía una señal de abandono a las víctimas y sus familias y a los potenciales afectados por actos que a juicio de todos, son calificados como de terroristas; y de impunidad para quienes articulan grupos que generan violencia".