Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Miércoles 29 de enero del 2025 | Actualizado 21:46
SANTIAGO.- El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, junto a su par del Trabajo, Francisco Javier Díaz y la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Paulina Saavedra, establecieron una mesa de trabajo para buscar una forma más expedita de rematar los bienes que han sido incautados a narcotraficantes.
Las autoridades, que se reunieron este jueves en las dependencias del Ministerio del Interior, decidieron coordinar acciones para permitir la agilización del proceso y acelerar el traspaso de los recursos que genere la venta de esos bienes a la prevención y tratamiento de drogas, como lo estipula la ley 20.000.
Según cifras del Ministerio Público, las incautaciones de dinero en efectivo aumentaron un 13,5% en 2013, logrando más de mil millones de pesos y 106 vehículos de alto valor comercial. Sin embargo, una vez culminados los juicios sobre narcotráfico, un vacío legal retarda e impide el remate de esos bienes.
El resultado de ello es que los inmuebles y vehículos incautados permanecen en manos de los condenados e incluso siguen siendo utilizados por sus propios familiares.
Al respecto, Aleuy comentó que "uno de los problemas con este vacío legal es que, pese a que se logran condenas altas a narcotraficantes, en la práctica existen impedimentos para perseguir el lucro que mueve a los delincuentes".
En este sentido, el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, destacó la creación de la instancia, enfatizando que esto ayudará a "subsanar" algunas dificultades del proceso, en el que su cartera participa a través de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), que es la institución que debe realizar los remates.
"Estamos viendo las distintas aristas jurídicas que tiene el decomiso y posterior remate de los bienes incautados al alero de la ley 20.000 (de Drogas). Estamos viendo la manera de coordinar mejor y de subsanar algunas dificultades técnico jurídicas que han surgido en este proceso", dijo el subsecretario Díaz.
"Establecimos una mesa de trabajo que, en las próximas semanas, establecerá medidas de mediano y largo plazo administrativas y salidas legales", añadió.
El dinero recopilado por estas incautaciones debiera ir en un 90% al SENDA y el otro 10% a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en casos de drogas.
Entre 2005 y 2012 la Dicrep subastó más de 600 vehículos producto de la ley de drogas, pero ese remate nunca se ha hecho con propiedades de narcotraficantes. La razón de por qué no se hace es legal, pues para rematar un bien inscrito debe ser a nombre del fisco y no de un particular.
La gran dificultad es que los inmuebles están a nombre de los condenados. Y cuando la Dicrep ha solicitado a un tribunal de garantía que solicite el embargo, la respuesta es negativa porque este organismo no es parte del juicio.
Según estimaciones del SENDA, desde 2006 a 2012, este servicio dependiente de Interior recibió más $11 mil millones que se han invertido en prevención y tratamiento. Sin embargo, esa cifra podría triplicarse si se resuelve la burocracia del Estado y se agiliza el remate de los inmuebles.
