Ues estatales defienden proyecto para intervenir instituciones de educación superior en crisis

SANTIAGO.- En medio del debate que se ha generado por el envío del proyecto de ley del gobierno que crea la figura del administrador provisional para intervenir las instituciones de educación superior que estén en crisis, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales (CUECh), Aldo Valle, salió a defender la iniciativa.

El rector de la U. de Valparaíso sostuvo que con este proyecto "el Estado se está haciendo responsable de la autorización que él mismo dio para que una institución de educación superior impartiera carreras y otorgara títulos". "Como el Estado es quien autoriza a esa institución, dándole el reconocimiento oficial, el Estado es quien también tiene el derecho y el deber de resguardar la fe pública comprometida en esas autorizaciones", afirmó.

También esgrimió que el Estado debe velar "para proteger a los estudiantes y que no vuelva a ocurrir el drama de los alumnos de la U. del Mar, que quedaron a la deriva, deambulando sin poder matricularse en una universidad", afirmando que "el administrador provisional podría haber continuado el funcionamiento de la universidad".

Las aprensiones que han expresado algunos rectores de universidades privadas y parlamentarios de oposición apuntan a que los planteles podrían ver amenazada su autonomía y que, al depender la decisión del Ministerio de Educación, ésta podría ser arbitraria. Uno de los más críticos ha sido el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien afirmó que el proyecto es inconstitucional.

El rector Valle dijo estar en absoluto desacuerdo con estas afirmaciones y afirmó que la iniciativa no constituye ninguna amenaza al Estado de Derecho, al derecho de propiedad y que tampoco es inconstitucional, ya que "las atribuciones que se otorgan al administrador provisional ya están contenidas en una ley actual, que es la Ley de Aseguramiento de la Calidad del sistema escolar, que integra el ordenamiento jurídico vigente y que en su momento fue revisado por el Tribunal Constitucional. La figura del administrador provisional ya existe en la legislación chilena vigente, entonces no veo por qué sería inconstitucional".

También descartó que el nombramiento del interventor pueda llegar a ser arbitraria, ya que su designación depende de la decisión del Consejo Nacional de Educación (CNED), que no tiene un carácter político ni gubernamental, sino que es un órgano autónomo. "Si el ministerio quiere tomar alguna medida respecto de alguna institución y el CNED se niega, el ministerio no tiene ninguna facultad para adoptar esas medidas, es el Consejo el que tiene la decisión final para que se pueda nombrar al administrador provisional o de cierre", remarcó.

En su opinión, las antipatías que ha generado el proyecto están asociadas a que "contiene un principio antagónico con la libertad de comercio en educación, la que nunca quiere intervención".
 
El presidente del CUECh hizo un llamado a evaluar este proyecto con serenidad y no sólo a partir de los intereses que se representan, pensando en los estudiantes y en sus familias que pueden verse expuestos a la amenaza de que una universidad deje de funcionar.

El proyecto de ley –que tiene suma urgencia– será votado el próximo martes en la Comisión de Educación de la Cámara. Tras esto, continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda y luego estará en condiciones de ser votada en la sala de la Cámara de Diputados.