CNA recomienda precisar mejor las causales para nombrar interventor en universidades

SANTIAGO.- Representantes de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) expusieron este lunes ante la Comisión de Educación de la Cámara sus observaciones al proyecto de ley que crea la figura del administrador provisional para intervenir instituciones de educación superior que estén en crisis, el que fue enviado por el Ejecutivo con suma urgencia y será votado mañana en dicha comisión.

En la instancia, el presidente de la CNA, Matko Koljatic, se mostró a favor de que la iniciativa pueda ser aprobada, pero con la introducción de una serie de mejoras. Para esto, los parlamentarios le solicitaron enviar sus sugerencias como indicaciones para analizar si son incorporadas.

Entre las observaciones que formuló la CNA al proyecto está detallar con mayor precisión las causales por las cuales se debe nombrar al administrador provisional. "Se habla de falta de viabilidad financiera o académica. A nuestro juicio, sería conveniente describir o detallar un poquito más las causales, porque podría entenderse que una no acreditación sería un insumo para dar origen a esta facultad del ministerio y la verdad es que no siempre es así", sostuvo la secretaria ejecutiva de la CNA, Paula Beale, quien advirtió que "de ser así, en este momento tendríamos alrededor de ocho instituciones con un administrador nombrado".

Señaló que otra causal descrita en el proyecto es el "incumplimiento de compromisos académicos". Al respecto señaló que la CNA podría aportar muchas denuncias, ya que reciben alrededor de 200 anuales, que se basan en alumnos que estiman que no se han cumplido los compromisos académicos. "Entonces ahí habría que analizar cómo se absorben este tipo de denuncias", puntualizó.

Beale también advirtió que, una vez que el administrador ha sido nombrado, se observa "una cierta preocupación por lo administrativo y financiero más que por las condiciones académicas" de la universidad. Dice que esto se manifiesta en los requisitos que se exigen al administrador para ser designado y en las atribuciones que se le entregan, que van más en esa línea.

Otra preocupación de la CNA es qué ocurrirá cuando se nombre un interventor en instituciones que estén acreditadas. En este caso, señaló que uno de los problemas que se podría presentar es que el administrador podría disponer la reestructuración de la institución y eso podría afectar "la continuidad del plan de desarrollo institucional", que fue aprobado al momento de la acreditación.

Junto a esto, señaló que con el nombramiento del interventor –que asume todo tipo de atribuciones– "se desdibujan" los contrapesos y controles que existen en las instituciones que están acreditadas, a través de los organismos colegiados y unipersonales.

La experta indicó además que, en caso de que se nombre un administrador provisional, la universidad debiera seguir acreditada, mientras que si se nombra un administrador de cierre, lo que corresponde es que decaiga la acreditación.

Afectar autonomía es "mal menor" frente a situación de estudiantes

Respecto de los cuestionamientos que han surgido respecto de que el interventor, al asumir con plenas facultades, atentaría contra la autonomía de las instituciones de educación superior, el presidente de la CNA, Matko Koljatic, sostuvo "es malo poner en entredicho la autonomía de las instituciones, pero es aún peor dejar a miles de estudiantes a la deriva".

"La autonomía de las instituciones es muy importante. Sin embargo, en este caso enfrentamos una disyuntiva dada por dos males. Y la ética nos enseña que entre dos males, hay que elegir el menor", afirmó.

En esa línea, sostuvo que "en situaciones en que instituciones de educación superior no cumplen con sus propósitos institucionales, al punto de producir daños académicos y económicos graves a sus estudiantes, es necesario que el Estado tenga herramientas para actuar".

"La autonomía está enmarcada dentro de los propósitos institucionales y, si la institución se sale de los propósitos institucionales y del marco de la ley, ciertamente el Estado tiene el derecho de regular", afirmó.