Indagación de Contraloría por video de reforma tributaria apuntará al uso de recursos públicos

SANTIAGO.- En medio de la investigación que lleva adelante la Controlaría por el polémico video del gobierno para explicar y defender la reforma tributaria, el contralor Ramiro Mendoza señaló que un aspecto fundamental a determinar es si se utilizaron o no recursos públicos para la realización del spot.

Según indicó el contralor Ramiro Mendoza en CNN Chile, "si hay recursos públicos comprometidos es complejo de acuerdo a la serie de reglas y restricciones que tienen la difusión y la publicidad de programas".

Mendoza recordó que "producto de las modificaciones que se hicieron en lo que se llamó el acuerdo Lagos-Longueira, hay varias leyes que surgieron y una de esas leyes dice relación con los gastos en publicidad que está de la mano con las leyes de presupuesto de cada año" y ésta establece que "se pueden financiar en gastos de publicidad, programas y proyectos que estén en ejecución y eso es lo que estamos viendo".

Asimismo, señaló que por ahora no existe claridad respecto a si hay recursos públicos comprometidos, "no sabemos quién financió, no sabemos qué es lo que hay detrás".

Los ministerios tienen un plazo de 10 días para responder, y pueden pedir una prórroga, tras lo cual el ente fiscalizador procederá al análisis de los antecedentes. El dictamen de la Contraloría estaría, entonces, en un mes, dijo la autoridad.

Desde La Moneda, el vocero Álvaro Elizalde sostuvo que el oficio enviado por Cotraloría es un "procedimiento regular, ordinario", y reiteró que el Gobierno contestará oportunamente "con todos los fundamentos juridicos respecto de esa situacion en particular"".

Y respecto al uso de recursos públicos, el portavoz respondió que "sería novedoso, llamaría la atención que algo que el Gobierno anterior hizo de manera indiscriminada con miles de videos y muchos de ellos referidos a proyectos de ley en trámite, no se pudiera realizar por parte de este Gobierno y en eso queremos ser claros: el Gobierno tiene la obligación de informar a la ciudadanía".