Carlos Peña lanza dura crítica a proyecto de interventor de Ues y entrega propuesta alternativa

SANTIAGO.- A un día de que se vote en la Comisión de Educación de la Cámara el proyecto de ley que crea la figura de un administrador provisional de instituciones de educación superior que estén en crisis – enviado con suma urgencia por el Ejecutivo – , la instancia convocó a una sesión especial para analizar el tema con distintos expertos en la materia, incluidos representantes de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y rectores de varias universidades.

Entre los exponentes estuvo el rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, quien ha sido uno de los más críticos del proyecto de ley. En la oportunidad, el académico insistió en sus duros cuestionamientos al proyecto, afirmando que –si bien "está redactado con gran sagacidad e inteligencia"–, a su juicio, es "contrario a la Constitución", tiene elementos "expropiatorios" y, de aprobarse tal como está, muchas de sus reglas serían "inútiles".

De entrada, Peña advirtió que la autonomía de las universidades está consagrada en leyes de rango orgánico constitucional, por lo que si se pretendiera "relativizar o morigerar" esa característica, se requiere de un alto quórum.

Argumentó además que la figura del administrador provisional –tal como está descrito en el proyecto– es "inconstitucional", pues "se le provee de facultades expropiatorias" de derechos de terceros. Esto ya que, al sustituir de forma total la voluntad de la corporación universitaria, tiene facultades para hacer uso de todos los bienes propios de la institución, pero también de los bienes pertenecientes a terceros que la institución administra.

"No es posible instituir a un administrador provisional que pueda tomar bienes que no le pertenecen a la institución en el interés de los estudiantes. Jurídicamente eso no es admisible en el derecho vigente en Chile. En consecuencia, la figura del administrador provisional tal cual está diseñada en este proyecto de ley es inconstitucional", afirmó.

Según Peña, no existe otra figura con estas atribuciones en la legislación chilena, y si bien existe un administrador provisional en la Ley General de Bancos, éste está obligado a ejercer las facultades ordinarias de administración, en base a los estatutos. Lo mismo ocurre con el administrador que ya existe en el sistema escolar, el que, según Peña, "no está desprovisto de todas las facultades que en este proyecto se le conceden".

Si bien comparte que el problema que hoy atañe a muchas universidades "es urgente y grave", afirma que "la gravedad de los problemas no autoriza cualquier solución". "En un Estado de Derecho, la gravedad de los problemas deben resolverse con sujeción a las reglas vigentes en Chile, cuestión que no ocurre con este proyecto", aseveró.

Junto con lo anterior, el rector sostuvo que, aún si se aprobara, el proyecto contempla una serie de reglas "que son perfectamente inútiles" para resolver el problema de las instituciones en crisis. Al respecto, detalla que la atribución del administrador provisional de revocar contratos entre la universidad y terceros sólo podría aplicarse a aquéllos celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley y no a los anteriores, ya que la Constitución prohíbe al legislador intervenir contratos en curso. "Cualquier alteración sólo tiene efectos futuros y no puede tener jamás efectos retroactivos", subrayó.

Por eso sostuvo que si se esto aprobara, "no afectaría a la red de contratos que la institución pudo haber celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, y yo auguro que, si se aprueba de esta forma, va a carecer de efectos". Ejemplificó con el caso de la U. del Mar, señalando que si nombrara un administrador para esa institución, no podría dejar sin efecto los contratos celebrados por la universidad con la inmobiliaria.

Universidad debería presentar un plan de mejora antes del cierre

El rector sostuvo que los problemas en que se ven envueltas actualmente varias universidades obedecen a que en Chile hay un sistema de educación superior "absolutamente desregulado, donde no hay reglas y cualquier comportamiento es lícito".

Por esa razón, sostuvo que lo primero que se debiera hacer es regularlo, introduciendo una serie de reglas prioritarias, como prohibir que las universidades celebren contratos con sociedades relacionadas, exigir que éstas sean gobernadas por directorios independientes, establecer un sistema de acreditación más severo y crear con prontitud una Superintendencia de Educación Superior, que fiscalice que se cumplan esas reglas.

"Eso es lo que hay que hacer y técnicamente no es tan difícil. Yo he escuchado que hay que discutir a la Superintendencia como si fuera un problema metafísico profundo. No es cierto. Es una cuestión relativamente sencilla. Técnicamente no es nada difícil de corregir. Se requiere un mínimo esfuerzo para hacerlo", aseveró.

Mientras esas iniciativas se concretan, el académico propuso que, en lugar de aprobar el proyecto de administrador provisional, se agregue un inciso en la L.O.C.E. que establezca que a aquellas instituciones que están en serios problemas, el Ministerio de Educación le solicite un plan de mejora obligatorio y que, una vez aprobado, se nombre un administrador que acompañe la administración de la institución, "so pena de cerrarla". Agrega que si el administrador, en medio de esa gestión, encuentra que hubo delitos, como contratos simulados o extracción ilegal de utilidades, debe ejercer las acciones del caso.

"Yo creo que una regla como ésa es más sensata y más rápida. La podemos redactar ahora si quisieran, para que vean que es una cosa muy sencilla. Si una regla como ésa hubiera existido, en el caso de la U. del Mar se habría evitado ese drama", afirmó.