El Gobierno ha estado en las salas de clases explicando el proyecto.
Felipe González, El Mercurio
SANTIAGO.- Incertidumbre existe aún entre padres, apoderados y sostenedores de colegios por el futuro de la Reforma Educacional chilena que termina con la selección, lucro y copago.
Debido a esto y según publica este sábado El Mercurio, Conacep -organización que agrupa a los colegios particulares subvencionados- inició un levantamiento para saber en qué posición quedaban los dueños de los colegios.
Considerando que la gran mayoría de los sostenedores dijo no ser dueño del edificio de su colegio y que no podría comprarlo en el corto plazo, 58% de ellos optaría porque el Estado adquiriera los inmuebles. Tratándose de recintos que albergan a unos 660 mil estudiantes, Conacep estima que el costo que tendría para el Estado esta compra sería de US$ 9.800 millones.
Una cifra que Nicolás Eyzaguirre descarta, ya que asegura que aún no se conoce cuántos colegios realmente optarán por la compra fiscal. "Posiblemente el precio que ellos estimen y el nuestro no tiene por qué ser el mismo", agregó.
¿Cómo sería la venta?
Aunque el Mineduc aún no tiene estimaciones del presupuesto que requerirán en el futuro, el ministro tiene razón al decir que los cálculos de valores no serán los mismos. Esto, por la forma en que operaría la compra según el proyecto de ley.
En el texto se explicita que todos los sostenedores de colegios deben convertirse en corporaciones sin fines de lucro en un plazo de dos años. Aquellos que no sean dueños del inmueble pueden suscribir, junto a los propietarios y el Mineduc, un acuerdo mediante el cual el Estado compra el edificio en un plazo de 12 años.
El precio de cada recinto lo fijará una comisión técnica nombrada por el Mineduc que pagará 75 UF por cada alumno "según el estado en que se encuentre la infraestructura". A ello se sumará un pago por el terreno en que se emplaza el colegio, que se determinará en base al precio de mercado.
Así, el valor considerado hoy por los sostenedores puede ser distinto al que fije el Estado. "Es una expropiación a 12 años. Es sorprendente. Es imposible que no se piense que se va a destruir el sector", dice Hernán Herrera, presidente de Conacep.
Por esto en la institución dicen que 27,5% de los sostenedores manifestó que optaría por cerrar, 8,9% por irse al sector particular pagado y apenas 5,2% por traspasar los edificios a las corporaciones sin fines de lucro.
Proyectos educativos
Para varios sostenedores, sin embargo el gran problema no pasa por los edificios, sino que por el cambio en la ley que establece que los sostenedores son "administradores" de los recursos, regulando el Estado sus usos, que eso sí, son todos con fines educativos. Sin embargo, Leonardo Giavio, dueño de un colegio con fines de lucro, dice que al prohibirles seleccionar y trabajar con libertad los ingresos, "no nos dejan manejar los proyectos educativos".
Esto lo descarta absolutamente el ministro, que asegura que no se atentará en ningún caso con la libertad de enseñanza. "Note que el proyecto de ley dice que solo hay un paso de infraestructura y no de gestión escolar. Ellos pueden seguir gestionando el colegio igual que hasta ahora", enfatiza.
Pese a ello, varios sostenedores discrepan de la forma en que se está haciendo el trabajo. "Estamos dolidos porque quienes tenemos experiencia en colegios hemos sido marginados. Yo también luché por una mejor educación, pero luego cambié la calle por la sala de clases y puse el colegio", dice Rodrigo Pérez, sostenedor de Curicó.
"Nuestro colegio es para adultos, vespertino. A nosotros no nos quedará otra que cerrar porque el dueño del edificio ya nos dijo que no lo va a vender", cuenta Francisco Salazar.
"Hay que recuperar la educación municipal pero sin afectar lo que se ha avanzado", agregó Marcela Hoppe, mientras que Ester Cárdenas, quien administra una escuela especial de lenguaje pide que el debate no se haga "a puertas cerradas".
Sobre esto último, algunos sostenedores son más duros. "No queremos que nuestros alumnos sean conejillos de indias de iluminados que no han entrado a la sala de clases más que cuando eran escolares", comenta Luis Cañas.
Y mientras Wilfredo Burgos, de Maipú, cree que están siendo discriminados en la discusión, Marco Riquelme, de Antofagasta, defiende la calidad de los planteles. "Hoy tenemos 400 postulantes para 100 cupos. Si la gente fuera tan incauta como dicen, tendríamos que regalar refrigeradores para que entraran".Las cifras del sistema.
