SANTIAGO.- El Contralor General, Ramiro Mendoza, entregó este lunes la cuenta pública de su gestión durante el 2013, en la cual pidió a la Presidenta Michelle Bachelet que el Ejecutivo resuelva las numerosas "contradicciones legales" que impiden una mejor labor fiscalizadora de la institución.
Ante la atenta mirada de la Mandataria, la autoridad destacó la cercanía que se ha logrado con la ciudadanía durante su periodo y el mejoramiento de sus estándares de calidad, pero destacó la necesidad de mejorar la legislación para aumentar la confianza de la gente en el sistema democrático.
En ese contexto, Mendoza destacó ciertas "dificultades" que tiene la Contraloría en la aplicación de algunos textos legales, los cuales debido a sus constantes modificaciones se han desvirtuado en sus objetivos y han complicado la función fiscalizadora del organismo.
Entre ellas, nombró el problema que existe con los cambios introducidos a la ley 20.248, sobre subvención escolar preferencial, por la ley 20.550, en relación con la rendición de gastos para la primera renovación del convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa.
"Esto, Presidenta, es muy grave, esta modificación ha terminado por desnaturalizar el propósito de la subvención, al rebajar el porcentaje de gasto que debe ser rendido respecto del total que debiera haberse invertido en el respectivo cuadrienio y se ha permitido que se rindan gastos ajenos a la subvención", explicó.
En esa línea, recalcó que "con esta modificación legal, se ha interferido en la labor fiscalizadora de la Contraloría, hay múltiples rendiciones objetadas y las auditorías en los municipios quedaron sin sentido".
"Además, se han intervenido las labores de defensa judicial emprendidas y realizadas con ahínco y dureza por parte del Consejo de Defensa del Estado, de manera tal que todo lo que reprochamos ya no es reprochable y en consecuencia todas las acciones pierden sustentabilidad", enfatizó.
Asimismo, cuestionó el hecho de que "tenemos universidades estatales que presentan sus estados de acuerdo a la ley de sociedades anónimas y después decimos que hay un problema con el lucro en la educación".
"¿Qué es lo que sucede con eso, Presidenta? Además, son personas jurídicas de derecho público, tienen que estar sometidas al sistema de contabilidad general de la nación. Reciben, entonces, la aplicación de dos sistemas contables", indicó.
Según el Contralor, "esa es una dicotomía bien difícil de seguir, que representa para ellas la aplicación de dos sistemas y un desgaste que atenta contra la eficiente e idónea administración de los medios públicos destinados a un mismo fin y de verdad, creemos que desvirtúa la naturaleza de los destinatarios de una y otra".
Problemas en municipios
Finalmente, subrayó el retraso que existe en la actualización de la normativa de plantas municipales, que fue adecuada en 1994, lo cual a su juicio ha traído como consecuencia un exceso en la contratación del personal a honorarios para desempeñarse en programas con cargo a la imputación presupuestaria 2104004, que permite que estas entidades contraten personas a honorarios.
"Una vez que salió la posibilidad de que usaran esta glosa, ustedes no sé si han escuchado a los alcaldes pedir más planta. No hay para que, si usan el 2104… todo lo hacen a honorarios y este programa no necesita ni siquiera pasar por el concejo. Entonces, el rey, es rey de verdad no tiene al concejo, usa el 2104", dijo.
"Ahí hay un riesgo, Presidenta, porque se están violentando los límites en materia de honorarios y se está ciertamente eludiendo la participación de los concejos municipales y además, hasta antes de una instrucción que sacamos la semana pasada, ni siquiera ese personal tenia registro", advirtió.
Por ello, Mendoza sugirió que para la mejor ejecución de importantes leyes que regulan la función administrativa del Estado y que han sido objeto de muchas y sustantivas modificaciones, "creemos, señora Presidenta, que es conveniente y necesario que usted los pudiera sistematizar a través de decretos con fuerza de ley".