SANTIAGO.- Absueltos de todos los cargos resultaron este miércoles los acusados por el Ministerio Público como responsables de las presuntas irregularidades en el convenio extrajudicial por $ 17 mil millones que el Serviu acordó con la empresa Kodama en medio de una demanda por gastos extras que esta última incurrió en medio de una licitación para construir el corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago.
Se trata de los abogados Rodrigo Alcaíno Torres, Matías Cortés de la Cerda y Rafael Marambio Ortiz, quienes enfrentaban cargos por cohecho desde julio de 2013 luego de ser formalizados por la Fiscalía Centro Norte.
Según estableció el 4° Tribunal Oral en lo Penal, las pruebas presentadas por el ente persecutor no acreditan la existencia de delitos y la participación de los imputados en los mismos.
La resolución fue adoptada con el voto en contra del magistrado Cristián Soto quien era partidario de condenar por este ilícito a los acusados Marambio y Alcaíno.
La Fiscalía intentó probar que Alcaíno y Cortés de la Cerda -quienes prestaban servicios a la empresa Kodama- ofrecieron a Marambio, entonces subdirector jurídico del Serviu de la Región Metropolitana, un pasaje aéreo a Buenos Aires por valor de 161.717 pesos.
En sus argumentos, el Ministerio Público precisó que la oferta y su aceptación se habría llevado a cabo en dependencias de ese organismo de vivienda y que a cambio del pasaje, el funcionario del Serviu aceptó usar las prerrogativas de su cargo para obtener un resultado "rápido, expedito y favorable" para los intereses de Kodama en la negociación ante la entidad estatal.
Nulidad
Tras conocer el veredicto, el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, anunció que una la presentación de un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones.
Asimismo, agregó que "tomamos con bastante sorpresa (la resolución). La Fiscalía entiende que cualquier funcionario público está impedido absolutamente de recibir cualquier tipo de dádiva en el ejercicio de sus funciones".
"Con esta sentencia, pareciera que es posible que un funcionario público en ejercicio de sus funciones vinculado con particulares reciba dádivas. En ese sentido creemos que esto no corresponde a la tradición jurídica y por eso vamos a recurrir de nulid,ad", afirmó.