Martín Larraín estuvo acompañado por un hermano.
El MercurioSANTIAGO.- Acompañado sólo de un hermano, en silencio y haciendo uso de su derecho como imputado, este lunes Martín Larraín escuchó los cargos por los cuales la Fiscalía de Chanco busca condenarlo a una pena de 4 años de cárcel por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte.
Lo anterior, en el marco del inicio del juicio oral en su contra por su presunta responsabilidad en el atropello que la madrugada del 18 de septiembre de 2013 le costó la vida a Hernán Canales Canales en un camino rural en Curanipe.
En la instancia, la Fiscalía presentó las primeras evidencias con las que intentará acreditar la autoría del hijo del ex senador Carlos Larraín en los hechos descritos en la acusación, y la participación de sus amigos Sofía Gaete y Sebastián Edwards -quienes tampoco declararon en estrado- en el ilícito de obstrucción a la investigación por presuntamente entregar datos falsos una vez ocurrido el atropello.
En base a lo anterior, el Ministerio Público exhibió prueba documental que establece que el vehículo que impactó a la víctima es de propiedad del universitario, y presentó el jeep que se encuentra en custodia en uno de los corrales municipales, motivo por el cual el tribunal y todos los intervinientes tuvieron que trasladarse hasta el lugar para observar los detalles de la evidencia.
Asimismo, el ente persecutor penal ofreció la versión de dos testigos que describieron el escenario del accidente, específicamente un sobrino de Canales y el hombre que transitó por la zona inmediatamente después de la tragedia.
El proceso se lleva a cabo ante el Tribunal Oral de Cauquenes y se espera que se prolongue, al menos, por 10 días.
Penas sin cárcel
En caso de ser declarado culpable, como busca el ente persecutor penal, Martín Larraín no irá a la cárcel.
Esto, porque aún cuando sea condenado a la pena máxima propuesta por la Fiscalía -correspondiente a 4 años de presidio- el universitario cuenta con irreprochable conducta anterior, la que será tomada en cuenta como atenuante y lo beneficia para optar a una pena en libertad.
Lo mismo sucede en el caso de Gaete y Edwards, contra quienes el ente persecutor solicitó 300 días de presidio.
Lo anterior, en base a que la legislación en Chile establece que cualquier ciudadano que se vea enfrentado a un atropello manejando en estado de ebriedad y cause la muerte, arriesga condenas que van desde los tres hasta los cinco años de presidio.