Diputados de Alianza ingresan proyecto que refuerza normas de probidad para autoridades

SANTIAGO.- Diputados de la Alianza presentaron un proyecto que busca modificar diversos cuerpos legales para fortalecer la probidad administrativa, incorporando así inhabilidades y prohibiciones a la intervención de autoridades y funcionarios públicos en asuntos en que tengan interés su cónyuge, parientes y socios en negocios o actividades profesionales.

La iniciativa de los parlamentarios Paulina Núñez (RN) y Felipe Ward (UDI), busca terminar con casos de conflicto de interés en la administración pública.

Uno de los últimos episodios criticado por la oposición en esta materia fue el cargo conseguido por el esposo de la ministra del Trabajo Javiera Blanco, quien terminó renunciando a su nuevo puesto como gerente en la minera Barrick Gold.

Consultada al respecto, la diputada Núñez señaló que "hemos conocido en el último tiempo un sin fin de conflictos de interés, de eventuales inhabilidades entre autoridades y funcionarios públicos con sus cónyuges o de funcionarios derechamente de empresas privadas que asumen cargos públicos, en circunstancias que ello les implica un evidente conflicto de interés".

"Hoy cuando la actividad política tiene un alto índice de rechazo, y en donde hemos perdido fuerza respecto de  la actuación de la autoridad política frente a la comunidad, creo importante tener normas que sean claras, con reglas explícitas para el correcto ejercicio de las funciones que a toda autoridad le compete", sostuvo la vicepresidente de RN.

Por su parte, el jefe de la bancada UDI explicó que "a través de este proyecto de ley estamos estableciendo una frontera más nítida, más precisa y más clara en torno a qué se considera conflicto de interés".

Asimismo, Ward subrayó que "éste es un tema que ha cobrado vigencia durante los últimos años y en el que nos parece que la actual administración ha sido bastante desprolija. Por eso nos parece oportuno y pertinente presentar esta iniciativa, a fin de que la ciudadanía se informe adecuadamente de si existen o no conflictos de interés por parte de las autoridades que ejercen un rol público".

Finalmente, los parlamentarios llamaron a sus pares del Congreso a aprobar con celeridad la iniciativa, argumentando que "nuestra propuesta va en directo beneficio no tan sólo de los administrados, que somos todos los chilenos, sino que también respecto de las autoridades y funcionarios de la administración, quienes podrán tener reglas más claras, para el correcto ejercicio de las funciones que deben desempeñar. Por ello, esperamos que se tramite con rapidez y con voluntad política para analizarlo".