Jaime Gajardo expuso en la Comisión de Educación de la Cámara, donde se tramita el proyecto de ley que termina con el copago, el lucro y la selección escolar.
El MercurioSANTIAGO.- Si bien reconoce como un avance el proyecto de ley del Ejecutivo que termina con el lucro, el copago y la selección en el sistema escolar, el Colegio de Profesores realizó una serie de reparos y sugerencias para mejorar la iniciativa, al asistir a la Comisión de Educación de la Cámara, donde se discute el proyecto de ley.
Uno de los principales puntos que cuestionó el gremio es el plazo de diez años que establece el proyecto de ley para terminar con el copago en los establecimientos educacionales, lo que califican como "excesivo", por lo que piden acortar los plazos.
"Los diez años para terminar con el copago nos parece excesivo, por el impacto que tiene en que muchos estudiantes sigan siendo educados en la segregación; aquí perfectamente estamos hablando de 2,5 generaciones que continuarían estudiando en un sistema segregado como el que tenemos hoy", afirmó el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo.
El proyecto de ley establece que el copago debiera terminar en un plazo máximo de diez años desde que se apruebe la iniciativa. Sin embargo, al contrario de lo que plantean los profesores, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, se ha mostrado abierto más bien a extender ese lapso, con el fin de que los recursos del Estado puedan reemplazar íntegramente el aporte de los padres en todos los establecimientos, incluidos aquellos con más alto copago.
Otra preocupación que expresó el Colegio de Profesores –que ya habían planteado los alcaldes– es que el fin del copago provoque una "fuga de matrícula" desde los colegios municipales hacia los particulares subvencionados, ya que no existirá la barrera del cobro.
Por esa razón, piden que, al tiempo que se vaya eliminando el copago, se lleve a cabo la desmunicipalización de los colegios públicos, para fortalecer ese sector. Junto a esto, abogan por que se cambie la forma de financiamiento a la educación pública, de modo que ya no sea a través de subvención –que consideran como la causa del "debacle" de la educación pública–, sino que los recursos estén garantizados en la Ley de Presupuesto.
Otra medida que proponen para evitar la fuga de alumnos es limitar la matrícula en la educación particular subvencionada, asegurando que al menos el 50% de la matrícula de cada comuna vaya a la educación pública. "Hay que ponerle límites a la educación particular subvencionada", afirmó Gajardo.
"Fin a la selección debe ser total"
En cuanto al fin de la selección, la postura del Magisterio es que esto se aplique en todos los establecimientos educacionales, incluidos los liceos emblemáticos. En el caso de estos últimos, el proyecto de ley establece que no podrán seguir seleccionando a sus estudiantes por pruebas, pero sí podrán contar con un método especial de admisión, en que tendrán prioridad los alumnos que estén en el 20% de mejor rendimiento de su generación en su colegio de origen.
Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores afirmó que "no debiese existir ningún tipo de selección en ninguna modalidad", señalando que "en los colegios emblemáticos, que van a tener una forma de selección, va a haber un nuevo gueto, el gueto del 20%".
Respecto del término del lucro, afirmó que se debe fortalecer el rol de la comunidad educativa tanto para fiscalizar el uso de los recursos como para incidir en la forma en que éstos se utilizan, indicando que ésta debe ser consultada al momento de construir los presupuestos tanto de los colegios como de las instituciones de educación superior.
Finalmente, el Magisterio planteó que el proyecto de ley debe contemplar la eliminación de las agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE), entidades que asesoran a los establecimientos educacionales y son ampliamente cuestionadas por algunos sectores que las acusan de "lucrar" al quedarse con parte de la subvención que reciben los colegios.
A su juicio, en un nuevo escenario en que se prohíba el lucro en los colegios, las ATE podrían ser utilizadas por los sostenedores para extraer ganancias. "En la práctica, a través de la triangulación, esto puede seguir siendo una fuente de lucro. Nuestra propuesta es terminar con las ATE y trasladar la responsabilidad de entregar estos apoyos técnicos y pedagógicos a un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Educación", señaló Gajardo.