SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de San Miguel admitió el viernes el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Metropolitana Sur con la intención de dejar sin efecto el juicio que absolvió a los ocho gendarmes acusados por su presunta responsabilidad en la muerte de 81 reos tras el incendio que afectó a la cárcel de San Miguel.
Esto, luego que el tribunal de alzada estimara que la acción judicial cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley, desestimando de esta manera el libelo presentado por las defensas que argumentaba la existencia de un error de forma en el recurso del Ministerio Público.
Ahora, la Fiscalía tendrá la opción de defender su teoría respecto a que los funcionarios no efectuaron la alerta oportuna y omitieron deberes y obligaciones al no adoptar los procedimientos correspondientes ante la emergencia registrada la madrugada del 8 de diciembre de 2010.
Según detalló a Emol el jefe de Unidad de Corte de la Fiscalía Sur, Miguel Concha, la decisión del tribunal abre la posibilidad de acreditar la responsabilidad penal de los acusados en el deceso de los internos que persigue la Fiscalía "ya que creemos que existen todos los antecedentes para lograr un fallo condenatorio" en un segundo proceso.
Ahora, la Corte de Apelaciones deberá escuchar los alegatos de todos los intervinientes antes de ratificar o anular el fallo del 6° Tribunal Oral en lo Penal.
Si acoge los fundamentos de los acusadores, se ordenará la realización de un nuevo juicio, con las mismas pruebas y con nuevos sentenciadores. Esto sólo se podrá repetir en caso de que en un segundo proceso el tribunal falle a favor del ente persecutor penal y las defensas decidan recurrir de nulidad.
Sin embargo, si la acción de la Fiscalía es rechazada, se ratifica la inocencia de los gendarmes, a quienes los investigadores establecen como autores de cuasidelito de homicidio.
El Ministerio Público pretendía condenar a José Poblete, Fernando Orrego, Francisco Riquelme, Patricio Campos, Segundo Sanzana, Carlos Bustos, Patricio Campos, Jaime San Martín y José Hormazábal por su presunta responsabilidad en el deceso de los internos.
Para ello ofreció diversos peritajes y testimonios en en un juicio que se extendió por casi 11 meses, siendo el proceso más largo desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.