Iglesia critica reforma educacional: Ha primado un pragmatismo y análisis sesgado

SANTIAGO.- "Lamentablemente, la premura de los tiempos y objetivos políticos han dicho otra cosa. Ha primado un pragmatismo que nos ha obligado a analizar solo una parte en sí misma, al margen de una propuesta más global que le daría su sentido orgánico y procesual, pero de la cual se desconocen hasta ahora sus características y alcances".

Ésta es una de las conclusiones que la Conferencia Episcopal de Chile plantea en el tercer documento elaborado por su Área de Educación -presidida por el obispo de San José de Temuco, Héctor Vargas-, que plantea diversas críticas a la reforma educacional del Gobierno.

"El proyecto se ha centrado sólo en la educación particular subvencionada, no considerando desde el principio de la subsidiaridad una reflexión de fondo acerca de su naturaleza (...) En efecto, se reduce más bien a medidas pragmáticas sobre cuatro objetivos concretos, relacionados fundamentalmente con aspectos de tipo económico", señala el texto.

En esa línea, el documento plantea que "ha faltado un diagnóstico más acabado e integral acerca de la realidad objetiva y complejidad del funcionamiento de todo el sistema particular subvencionado".

"Si el diagnóstico no refleja el pleno conocimiento de este tipo de educación, resultará incompleto y/o sesgado, conllevando el riesgo de inducir a decisiones erróneas que pueden hacer un flaco favor a la justicia con esta modalidad de provisión educativa y sobre la cual en el proyecto no se percibe algún grado de reconocimiento", apunta.

La Conferencia Episcopal agrega que algunas de las nuevas normas, restricciones y sanciones propuestas "están suscitando innegables desconciertos y grandes preocupaciones".

"De una lectura trasversal del documento, queda la sensación de una fuerte desconfianza hacia la totalidad de la educación particular subvencionada, acompañada por parte de algunos sectores de una propaganda de desacreditación indiscriminada, con caricaturas inaceptables que falsean gravemente la realidad objetiva", sostiene.

Y agrega: "Una de las conclusiones a las que se podría llegar luego de una lectura transversal y global al proyecto, es que, sin proponérselo, las escuelas particulares y públicas con aparentes proyectos educativos diversos, terminarían con un modelo de gestión administrativa, curricular y económica muy similar. Ello como condición para impetrar subvención".

"Uno de los riesgos es la agudización de la unificación de todo el sistema subvencionado, que debe evitarse por la seriedad de los principios involucrados (...) Se debe recordar que la base jurídica de la subvención a las escuelas particulares, consiste en que no sea la situación económica la que impida a una familia elegir la educación de sus hijos", subraya.

En ese sentido, la Iglesia postula que "es deber del Estado dar los aportes para ello", por lo que esta subvención, "si bien ha de tener razonables exigencias, no puede pensarse prioritariamente como un mero mecanismo condicionante para exigir a todas las escuelas un determinado modelo de gestión, que justamente pudiera poner en riesgo la diversidad de elección de los padres, principio base de la libertad de enseñanza".

Propuestas

En el documento, la Conferencia Episcopal entrega una serie de propuestas para modificar el proyecto de reforma educacional.

La primera tiene que ver con el rol de los sostenedores como "solo administradores de la subvención", lo que no es bien visto por la Iglesia: "Si esto no se despeja adecuadamente, podría interpretarse como la instalación de un modelo de gestión económica pública en los establecimientos particulares, que limitaría fuertemente la disponibilidad de los recursos a la hora de administrar con autonomía la realización de sus proyectos educativos. Estimamos que esta figura no es necesaria porque existirán regulaciones más que suficientes para evitar un mal uso de la subvención" dice.

En lo que respecta a los descuentos o negación de la subvención como castigo, la Iglesia asegura que requiere de una "fuerte revisión", y acusa una falta de claridad en el procedimiento por el cual se llevará a cabo. " Esta pena máxima ha de quedar restringida a temas estructurales, y no a simples faltas propias de la marcha cotidiana de las escuelas", agrega.

El tercer punto es la Superintendencia de Educación, el cual  "debe actuar sobre la base de protocolos establecidos, objetivos y transparentes, que eviten toda sospecha de prejuicios, arbitrariedad y subjetivismos", a la vez que también se sugiere estudiar otro tipo de sanciones más allá de las exclusivamente económicas.

Luego, la Iglesia se refiere a la calidad educativa, aspecto que asegura, no está abordado en la reforma y debe ser tomado en cuenta. Respecto a la gratuidad, la Conferencia sostiene que "los montos otorgados por el Estado continuarían siendo igualmente insuficientes", por lo que propone "integrar en el Proyecto, una fórmula que permita asegurar el financiamiento tanto del buen funcionamiento de los colegios, como de la calidad educativa para los alumnos de todo el sistema subvencionado, que será gratuito".

El sexto punto que trata este documento es sobre la "justa retribución a la gestión", en lo relativo a las fundaciones sostenedores de colegios que deben comprar la propiedad en que funcionan para poder seguir operando.

"Si el tema es evitar posibles abusos con recursos públicos, ¿por qué no aplicar, por ejemplo, los criterios de la Ley de la Renta, u otros? De este modo se salvaguardarían varios temas: montos considerables para fortalecer la educación pública y mejorar la calidad de la educación; evitar la pérdida de patrimonio que en casos se ha poseído por más de un siglo al servicio del bien común; obtener, ya sea como arrendatario o como sostenedor, un justo y razonable ingreso por destinar un valioso patrimonio a la educación sin fines de lucro y no a otra actividad de tipo comercial, o ya sea porque en calidad de sostenedor se debe llevar a cabo un considerable trabajo, propio de una gestión tan compleja como la prestación de un servicio educacional y su legislación específica", dice.

Sobre la admisión de alumnos y la libertad de enseñanza, el Episcopado es enfático: "El derecho de los padres a elegir el colegio que desean para sus hijos, es un principio directamente relacionado con el ejercicio de la libertad de enseñanza, y de grandísima sensibilidad para las familias. Sin embargo, para que esa opción sea consciente y responsable, debe estar avalada por el máximo conocimiento posible del proyecto educativo del colegio respectivo".

Es por ello que se propone "legislar en vista a mantener los procesos de admisión en los mismos establecimientos, pero con una regulación que impida seleccionar sin discriminar por razones socioeconómicas, de rendimiento y condición familiar, asegurando porcentajes de matrícula importantes para los prioritarios, preferentes, como para aquellos que se han destacado en sus escuelas en razón de su esfuerzo, constancia y mérito".

Finalmente, la Iglesia critica la prohibición de crear nuevos establecimientos particolares subvencionados en sectores con colegios con matrícula disponible" ¿Y si el proyecto educativo de un nuevo colegio, es diverso a los existentes? ¿O si forma parte de instituciones públicas o privadas de largo y gran prestigio en calidad educacional, ausentes en esa comuna?", se pregunta, por lo que llama al Gobierno a estudiar nuevas regulaciones que permitan la creación de establecimientos " que por su calidad y especificidad constituyan un real aporte a la educación de los hijos de las familias del sector".