Diputado UDI solicita a Contraloría investigar eventual caso de corrupción en Injuv

SANTIAGO.- El diputado y vicepresidente de la UDI, Gustavo Hasbún, junto a una de las asociaciones de funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), solicitó este viernes a la Contraloría investigar un eventual caso de corrupción en el organismo.

Se trata de una denuncia para que se indague formalmente el proceso de adjudicación de servicios de difusión y comunicación a la empresa Paréntesis S.A perteneciente al ex candidato a diputado y actual director ejecutivo de Fuerza Pública, Sebastián Iglesias Sichel. Movimiento al que también pertenece el director del Injuv, Nicolás Preuss.

A juicio de Hasbún, la adjudicación de $95.200.000 a la empresa "muestra un conflicto de interés clarísimo dado que el actual director del Injuv trabajó con el ex candidato a diputado, Sebastián Iglesias Sichel y donde también hubo financiamiento de parte de ellos, por lo que nos parece una situación bastante anómala y grave, sobre todo cuando el proceso de licitación no se hizo acorde con lo que establece la ley".
 
Según el parlamentario UDI, lo que se quiere aclarar es "si estamos o no en presencia de una presunta malversación de fondos y no descartamos también que estemos en presencia de un caso de corrupción gravísimo que esté afectando a un servicio público".
 
Consultado por el recurso que presentado por el Injuv esta mañana para aclarar dicha licitación, donde se señala que se cumplió con el 100% de los requisitos para su adjudicación, Hasbún argumentó que "no basta que venga el director del Injuv a Contraloría, ¿porque no sabemos a qué viene, a solicitar qué?, ¿a defenderse de qué? si la denuncia nuestra cuenta con antecedentes concretos".

Con ello, Hasbún comentó "en el caso de la otra empresa quiero dejar claramente establecido que no quedó fuera  de base por un tema de precio, sino porque no entregó todos los antecedentes, porque no cumplía con los requisitos que se necesitaban y que requería esta licitación, se adjudicó a la única empresa que cumplía con los requisitos específicos del llamado a licitación, sobre todo en lo que dice relación al doctorado y magíster que se  exigían en este caso como requisitos para poder postular".

A su vez, Ramiro García, presidente Asofinjuv señaló que "como funcionarios exigimos que se aclare esta situación y que se investigue si es que hay o no anomalías en la adjudicación de esta licitación, ello, porque como funcionarios velamos porque el nombre de nuestra institución este siempre en alto".
 
Los funcionarios que acompañaron al diputado denunciaron además "tratos que no se condicen con la condición de funcionarios públicos, hemos sido despojados de nuestra funciones, amedrentados, situaciones que no corresponden a la democracia que vivimos".