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Santiago: Viernes 19 de julio del 2024 | Actualizado 11:30
El ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño.
El Mercurio.VALPARAÍSO.- Un grupo de diputados formalizó esta mañana la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, por ocultar un informe que detectó irregularidades en el Servicio Nacional de Menores (Sename).
La acusación surge a partir de las conclusiones del informe de la comisión que investigó los casos de vulneración de derechos de menores en hogares del Sename, que fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Dicho documento habría apuntado a la responsabilidad del ministro Carreño en el ocultamiento de un informe –elaborado por el Poder Judicial y por la Unicef-, donde se detectaron casos de vulneración de derechos esenciales de niños, niñas y adolescentes en reguardo de los hogares del Sename.
El acusación fue suscrita por los diputados DC René Saffirio, Ricardo Rincón, Iván Flores y Yasna Provoste, Andrea Molina (UDI), Cristina Girardi y Tucapel Jiménez, ambos del PPD, Alejandra Sepúlveda (Indep.), y los socialistas Maya Fernández, Fidel Espinoza y Luis Rocafull. Éstos buscan la destitución del magistrado a quien acusan de "notable abandono de deberes".
El diputado Saffirio, quien fue presidente de la comisión investigadora por el caso Sename, explicó que "la causal es de notable abandono de deberes, esa es la causal que invocamos para la destitución, porque es la única que está establecida en la Constitución en el caso de los ministros de la excelentísima Corte Suprema. Hay otras situaciones que dicen relación con por ejemplo con denegación de justicia, y lo citamos como un capítulo relacionada con el notable abandono de deberes".
Asimismo, el diputado comentó que "cuando hablamos de denegación de justicia, decimos por ejemplo que a partir de una decisión administrativa del ministro Carreño, se modifican las normas de procedimiento en los juicios sobre violencia intrafamiliar y sobre medidas de protección, no teniendo facultades constitucionales para hacerlo, excediéndose en el uso de sus facultades".
Y agregó que éste además "impone a los tribunales de familia, plazos de 90 o 60 días, y 120 días para que sean resueltos los juicios sobre violencia intrafamiliar sin que esos plazos estén establecidos en la ley, porque si no se cumplían, bajo amenaza del ministro Carreño, los jueces según se les dijo serían mal calificados y no tendría acceso a las bonificaciones económicas que significaría la producción 100% de las sentencias, cerrando los casos independientemente que las partes fueran escuchadas o no".
La Sala de la Cámara eligió a la comisión que analizará la procedencia del texto acusatorio, el cual fue ingresado internamente en la Corporación el pasado jueves. La instancia estará integrada por los diputados UDI Arturo Squella, Javier Macaya y Patricio Melero y los RN José Manuel Edwards y René Manuel García.
