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Santiago: Martes 12 de noviembre del 2024 | Actualizado 21:35
El diputado Christian Urízar tras una declaración ante el Ministerio Público por el fraude en la intendencia.
Tomás Fernández, El MercurioSANTIAGO.- El Consejo de Defensa del Estado decidió ampliar la querella por fraude en la Intendencia de Valparaíso, solicitando que la indagación por presunto fraude al Fisco involucre también al actual diputado Christian Urízar (PS) y al ex presidente de la ANEF y actual funcionario de Gendarmería, Luis Vásquez.
La ampliación de la querella apunta a averiguar el destino de los fondos de proyectos que habrían sido sobrevalorados o no ejecutados en La Calera y Nogales, según informó radio Bíobio.
El abogado procurador y fiscal del CDE, Vicente Molina, sostuvo que la defraudación por la presunta sobrevaloración de proyectos se cifra en 80 millones de pesos, mientras que otros 8 millones corresponden a un proyecto que no se habría ejecutado.
En el caso particular de Vásquez, agregó, se suma un proyecto que no se habría realizado y que se cifraría en 7 millones de pesos.
En tanto, la Fiscalía de Valparaíso alegará ante la Corte de Apelaciones para que enmiende la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) porteño y cambie por prisión efectiva la condena a libertad vigilada de 8 anos que recibió el abogado Enrique Kittsteiner, tras el primer juicio del caso Fraude Intendencia 2, que terminó con castigo para los tres acusados el 12 de agosto.
La Corte porteña conocerá, de esta manera, del recurso de apelación que presentó la Fiscalía contra el fallo condenatorio que obtuvo, solo en la parte en que los jueces del tribunal oral impusieron al ex jefe de gabinete del intendente Raúl Celis dos penas sustitutivas de libertad vigilada intensiva.
Como se recordará, Kittsteiner fue condenado a 5 años como cómplice en cuatro delitos de malversación de caudales públicos y a 3 años como autor de fraude al Fisco. En ambos casos, el tribunal colegiado de Valparaíso aplicó estas penas por separado y le otorgó el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
Para la Fiscalía, la interpretación de la norma legal efectuada por el TOP de Valparaíso es errada y debe ser enmendada por el tribunal superior, ya que el condenado, dada la gravedad de los delitos, el numero de estos, el monto del perjuicio al Estado y la calidad de funcionario público de este tenía al momento de los hechos, no es merecedor del beneficio legal.
