Girardi denuncia a farmacias por presunto ejercicio ilegal de la profesión de médico

SANTIAGO.- El senador Guido Girardi (PPD), presidente de la Comisión de Salud de la cámara alta, se reunió este miércoles con el fiscal regional de la zona oriente, Alberto Ayala, a quien le presentó una denuncia contra la cadena de farmacias Salcobrand, que a través de un instructivo entregado a su personal los estaría induciendo a cometer el delito de "ejercicio ilegal" de la profesión médica, según la denuncia.

El parlamentario aseveró que "el lunes pasado descubrimos una situación gravísima por la cual tres farmacias fueron clausuradas, por poner en riesgo la salud y la vida de las personas. La ley establece que los médicos son los únicos que tienen atribuciones para recetar un medicamento o prescribir algún tratamiento, pero en estos establecimientos descubrimos la existencia de un instructivo que obliga a los dependientes a diagnosticar y recetar".

Explicó que el instructivo sostiene que "deben ofrecer una respuesta integral a nuestros clientes complementando la venta", por los que los instan a "identificar los síntomas de los clientes, consultando si tienen molestias y de qué tipo, a fin de recomendar según primera necesidad", precisó.

Además, dijo que las mismas instrucciones señalan que deben recomendarle al paciente "complementar la terapia para prevenir todo tipo de síntomas o recaídas, de modo que esté más protegido y preparado. Por ejemplo, si pide algún antigripal, recomiéndele algunos de los siguientes productos: analgésicos, antitusígeno, antisépticos bucofaríngeos y además agréguele vitamina C y propóleo".

"Esto es hacer un diagnóstico. Aquí claramente hay un ejercicio ilegal de la profesión, y están induciendo al paciente a adquirir medicamentos que el médico no ha recetado y que él no solicitó", puntualizó el senador.

Para el parlamentario, esta práctica tiene un enorme riesgo, pues "pueden recomendarle productos con contraindicaciones para el paciente y pone en riesgo su salud y la vida".

Comentó que le solicitó al fiscal Ayala "determinar si esto es constitutivo de delito, quiénes son los responsables, y que esto sea visto por la fiscalía, porque nos parece que todo tiene un límite, y aquí están anteponiendo los intereses económicos por sobre la salud y la vida de las personas".