Relatora de DD.HH. cuestiona referendo para bajar edad de imputabilidad penal en Uruguay

MONTEVIDEO.- La relatora sobre derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Rosa María Ortiz advirtió este viernes en Uruguay sobre el retroceso que significa un plebiscito para resolver sobre la baja de la edad de imputabilidad penal.

La consulta popular para definir si se baja la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos graves, que se realizará en octubre junto a las elecciones nacionales, "es un retroceso en sí mismo", señaló al presentar su informe sobre la situación de los derechos de los niños en el país.

Enfatizó que "se es niño hasta los 18 años" y que "juzgar a niños como adultos es un contrasentido y un retroceso en los derechos humanos".

"Todas las políticas de mano dura, de mano super dura, solamente han servido para profundizar la violencia. Estamos buscando que la violencia se extinga de la sociedad, para eso es preciso apostar sobre todo a la prevención", añadió.

La reforma plebiscitada apunta a bajar a 16 años la edad de imputabilidad en casos de homicidios, lesiones graves, rapiñas, extorsión, secuestro y violación, entre otros delitos. Además, aspira a mantener los antecedentes de los menores que hayan delinquido cuando éstos cumplan 18 años.

El plebiscito fue promovido por el senador derechista y candidato a la presidencia Pedro Bordaberry (Partido Colorado), y el ex presidente (1990-1995) y senador por el Partido Nacional (PN) Luis Alberto Lacalle.

Lacalle es padre del diputado Luis Lacalle Pou, quien también se postulará a la presidencia en octubre, con el segundo lugar en la intención de voto detrás del candidato del gobernante Frente Amplio (FA), el socialista y exmandatario Tabaré Vázquez (2005-2010).

Ortiz visitó esta semana Uruguay, donde se reunió con diversas autoridades, incluido el presidente José Mujica, y también visitó centros para adolescentes infractores.

Si bien destacó los "importantes avances" en la creación de nuevas instituciones vinculadas a los derechos humanos y del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), criticó duramente uno de los hogares para adolescentes, el centro SER, por ser "exclusivamente punitivo".

Ese centro fue intervenido en junio pasado por las autoridades tras ser objeto de nuevas denuncias de malos tratos y golpizas contra los internos.

Ortiz celebró que el gobierno planee clausurarlo y aseguró que "más que un centro de reeducación es un campo de concentración".