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Sostenedores: Propuesta de arriendo del Mineduc "es un traje a la medida para colegios católicos"

Los sostenedores de colegios particulares subvencionados critican que las indicaciones del Gobierno pongan restricciones al arriendo de la infraestructura cuando se trata de personas relacionadas.

08 de Septiembre de 2014 | 14:16 | Por Natacha Ramírez, Emol
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El presidente de Conacep considera "inaceptable que algunos sectores tengan privilegios y el arriendo no sea extensible a todo el sector particular subvencionado".

El Mercurio

SANTIAGO.- Si bien valoran algunas de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley que termina con el lucro, el copago y la selección escolar, los sostenedores de los colegios particulares subvencionados aún no están conformes con las correcciones, especialmente las que se refieren al término del lucro y la selección escolar.


Una de las principales modificaciones que introdujo el Gobierno al proyecto de ley original es que ahora se permitirá que los sostenedores que no sean dueños de la infraestructura del colegio, puedan seguir arrendándola. No obstante, establece que sólo se podrán celebrar nuevos contratos de ese tipo entre personas que no estén relacionadas, salvo que el arrendador sea una persona jurídica sin fines de lucro.


Esta restricción es criticada por el presidente de la Corporación de Colegios Particulares (Conacep), Hernán Herrera, quien afirma que la gran mayoría de los sostenedores arrienda la infraestructura a un tercero que sí es relacionado (y tiene fines de lucro), por lo que en la práctica esta disposición sólo beneficiaría a los colegios de Iglesia.


"Aquí hay una letra chica muy preocupante, en el sentido de que el arriendo se permite sí y sólo si, tanto el sostenedor como el dueño de la propiedad, no tienen fines de lucro y ésta es una camisa hecha a la medida para los colegios confesionales, para la Iglesia Católica", advierte Herrera, quien afirma que "nos parece inaceptable que algunos sectores tengan privilegios y esto no se haga extensible a todo el sector particular subvencionado".


En su opinión, se debiera permitir el arriendo tanto "entre partes relacionadas o no relacionadas, con o sin fines de lucro", ya que, al establecer una tasas de arriendo regulada, se evita que haya lucro. "Del momento que se fija un precio de arriendo que está regulado se acaba con todo el problema y se rompe con esta cosa del terror que existe por parte de la bancada de estudiantes y del Gobierno de que por ahí se pudiera sacar plata", afirma.


Herrera alude a la indicación del Ejecutivo que establece que, en caso de arriendos, la renta no puede exceder el 11% del avalúo fiscal de la propiedad, dividido en doce mensualidades.


Otro tema que sigue preocupando a los sostenedores de los colegios particulares subvencionados es que se establezca un sistema aleatorio para escoger a los alumnos en caso de que el número de postulantes sea mayor a los cupos que ofrece un establecimiento.


También cuestionan que, si bien se permite al colegio dar a conocer su proyecto educativo a los apoderados, no se estipule que las familias tengan que adscribir necesariamente a ese proyecto educativo. "La familia se compromete a ir y escuchar y después puede estar en desacuerdo, pero nosotros creemos que, como pieza fundamental de este proceso, la familia tiene que adscribir al proyecto educativo mediante un compromiso formal", afirma.


La entidad sostuvo que retomará el contacto con los parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara para hacer ver sus observaciones al proyecto de ley y a las indicaciones.


Valoran cambios al copago y al estatus de sostenedor


Lo que sí valora Conacep son los cambios introducidos al copago, ya que las indicaciones del Ejecutivo eliminan el plazo de diez años para terminar con el financiamiento compartido y establecen que éste sólo terminará cuando la mensualidad se equipare al aporte de gratuidad que entregará el Estado.


También consideran un avance que considere al sostenedor no como un mero "administrador" –como señalaba el proyecto de ley original–, sino como un "cooperador del Estado en la prestación del servicio educacional".

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