Iglesia lamenta falta de plazo para terminar con copago y pide ampliar arriendos de colegios

SANTIAGO.- Aunque se excusó de entregar sus "bendiciones" al proyecto de ley del Gobierno que termina con el lucro, el copago y la selección escolar, monseñor Héctor Vargas, presidente del área de Educación de la Conferencia Episcopal, valoró las mejoras que introdujo el Ministerio de Educación a la iniciativa, que hace unos meses había sido criticada por la Iglesia Católica.

A través de una declaración pública, que fue leída por el obispo de Temuco, la Iglesia manifestó que comparte los objetivos del proyecto de ley, pues "van en la línea de un avance significativo de la opción por los pobres, de la equidad, y de contrarrestar la segregación desde la base, favoreciendo mayores grados de inclusión e integración social".

En lo concreto, los obispos valoran algunas de las indicaciones que ingresó el Ejecutivo al proyecto de ley. Entre estos "avances" mencionan que ahora se dé la posibilidad a las familias de acudir a los colegios a conocer su proyecto educativo y obtener información antes de postular; y que se reconozca que los sostenedores puedan realizar labores directivas y administrativas en los colegios y gestionar las subvenciones que reciben.

Uno de los aspectos que más preocupaba a la Iglesia del proyecto de ley original era que el Estado no alcanzara a cubrir totalmente el aporte que realizan las familias en los colegios de más alto copago. Este punto ahora quedaría solucionado con las indicaciones, que establecen que los colegios sólo pasarán a ser gratuitos cuando el Estado reemplace peso a peso el financiamiento compartido.

Si bien reconoce esta mejora, monseñor Vargas lamenta que no se haya establecido un plazo para terminar con el copago y dijo que eso es señal de que el Estado no cuenta con esos recursos. "Nos hubiese gustado que se hubiese puesto un plazo para eso, porque ordena al propio Estado y al Gobierno de turno que le va a corresponder (implementarlo). Pero, al quedar así en una cosa genérica, creemos que el tema de fondo es que los recursos no están, porque o si no se habría hecho inmediatamente", señala.

Dice que entiende que "es difícil" para el Gobierno poner un fecha para que estén esos recursos, más aún con la coyuntura económica que atraviesa el país, pero admite que "es un problema" no contar con un plazo.

Otro aspecto que la Iglesia pide modificar se relaciona con la alternativa que entregó el ministerio para que los sostenedores que no sean dueños puedan seguir arrendando los inmuebles donde funcionan los colegios. Lo Iglesia cuestiona que esta opción sólo se entregue a los sostenedores que actualmente se encuentren arrendando, ya que –afirma– hay muchos sostenedores que si bien no son dueños, no cuentan con un contrato de arriendo, pues utilizan el inmueble o los terrenos en comodato, por lo que quedarían fuera del beneficio.

"En la línea de una justa retribución, creemos que se debe permitir el arrendamiento a todos los sostenedores que no sean dueños del inmueble en las condiciones establecidas en la ley, pues es importante que ninguna comunidad escolar, sea de establecimientos públicos o privados, laicos o confesionales, se vea afectada en su funcionamiento futuro", declara la Conferencia Episcopal.

Al respecto, monseñor Vargas señala que "si uno lee la actual propuesta, lo que se deduce es que el arriendo en este momento sería sólo para aquellas instituciones que ya están arrendando y para nadie más. Entonces, si uno hace un análisis, para la inmensa mayoría de los sostenedores en este minuto el arriendo no sería posible".

Fin a la selección también en los emblemáticos

Otro punto que causa ruido en la Conferencia Episcopal es la regulación que establece el proyecto de ley sobre los contratos que se puedan realizar entre personas relacionadas en la prestación del servicio educacional. Estas restricciones, que se incluyen con el fin de evitar el lucro, la Iglesia teme que en la práctica puedan afectar el "trabajo en red" que realizan los colegios católicos, por lo que pide que se "afine" su redacción.

El secretario ejecutivo de la Vicaría para la Educación de Santiago, Cristián Infante, explica que "dada esta disposición, hay sacerdotes que no podrían trabajar eventualmente en los colegios o casas de retiro que no podrían utilizarse para la prestación del servicio educacional por ser de las mismas congregaciones. Llevando al extremo estas situaciones, puede producir una paralización del trabajo educativo que hacemos en los colegios".

En cuanto al fin de la selección en los colegios, monseñor Vargas es claro en señalar que esto debe ocurrir "en todos o ninguno" de los establecimientos, rechazando de esta forma que persista la selección académica en los liceos emblemáticos. "Sería muy cuestionable que el espíritu del proyecto de ley y todas las razones y argumentos que expone, se borren de un plumazo permitiendo que algunos colegios discriminen por rendimiento. Eso es inconcebible", afirmó.

El obispo descartó además que las indicaciones presentadas por el ministerio sean "un traje a la medida" para los colegios católicos, como expresó la agrupación de sostenedores de colegios particulares Conacep. "Evidentemente, eso no es así. De lo contrario, nosotros no estaríamos planteando todas estas dificultades", afirmó.

Según indicó, la Conferencia Episcopal ya se reunió, el lunes pasado, con representantes del Ministerio de Educación para entregarle su visión sobre las indicaciones y solicitarles mejorar la redacción de algunas de ellas, aunque reconoció que las modificaciones ahora deberán realizarse dentro del trámite legislativo que se realiza en el Congreso.