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Santiago: Sábado 05 de octubre del 2024 | Actualizado 23:06
SANTIAGO.- Ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, este viernes la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente concretó las tres primeras salidas alternativas en la causa respecto a los 120 contribuyentes vinculados a la defraudación que afectó al Servicio de Impuestos Internos.
Ello, luego que los imputados aceptaran la suspensión condicional del procedimiento a cambio del pago total del dinero defraudado luego de facilitar boletas maliciosamente falsas para obtener devoluciones de impuestos.
Se trata de Marco Villablanca Pérez (55), quien deberá desembolsar $58 millones; Juan Joannon Fernández (57), quien tendrá que pagar $12 millones; y Julio Herrera Alfaro (49), a quien el Ministerio Público fijó un saldo de $19 millones.
Dichos montos corresponden a la cantidad de dinero que habrían recibido entre los años 2010 y 2012 de manera maliciosa e incluyen los intereses correspondientes.
Además, los imputados deberán firmar mensualmente como otra condición para lograr dicha salida alternativa.
Tras el acuerdo, ahora los tres contribuyentes que fueron formalizados por el delito de soborno y obtención de devolución de impuestos con declaraciones falsas podrán optar al sobreseimiento definitivo de la causa en su contra si por el periodo de un año cumplen con los requisitos establecidos en la audiencia de esta mañana y no tienen problemas con la justicia.
De lo contrario, la investigación en su contra se reabre pudiendo enfrentar un juicio oral por los delitos imputados.
La indagatoria está en manos de los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos, quienes han logrado establecer, en base a los antecedentes reunidos, que los principales imputados -ex trabajadores del SII- habrían realizado operaciones que simulaban pérdidas tributarias para obtener devoluciones que incluso bordearon los $100 millones en una sola transacción.
Lo anterior, previo a acuerdo con los contribuyentes -al menos 122- con quienes tras el fraude, repartían el dinero obtenido de la estafa.
La defraudación que afectó al organismo superaría los $2.700 millones.
