Fiscalía planea incorporación de 180 analistas de inteligencia para perseguir delitos

SANTIAGO.- En medio de las discusiones sobre las deficiencias y el fortalecimiento de los mecanismos de investigación en Chile tras el atentado ocurrido hace una semana en un centro comercial del Metro Escuela Militar, salió a la luz el proyecto de la Fiscalía de dotar la Unidad de Análisis Criminal con 180 analistas de inteligencia.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, este proyecto tendría como objetivo centrar la inteligencia en el establecimiento de patrones comunes, cruces de información y recopilación de datos desde fuentes abiertas para esclarecer casos, hallar a los responsables y juzgarlos.

Estos analistas de inteligencia criminal tendrían acceso a información que no tiene la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ni tampoco las policías, ya que podrían acceder a las investigaciones de todo el país y también a las diligencias visadas por tribunales, como el alzamiento de secretos bancarios o interceptaciones telefónicas, agrega el matutino.

Según explica el gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Claudio Ramírez, "la idea es que estos 180 analistas apoyen la labor de los fiscales para poder enfrentar la criminalidad de esta época que, como hemos visto, se moderniza día a día. La 'inteligencia delictual' la combatimos con 'inteligencia fiscal'".

De esta forma, estos funcionarios deberán obtener información a través del cruce de diversas bases de datos, lo que será proporcionado al fiscal para sus investigaciones.

"Eso que parece ser tan fácil, resulta ser que las policías no cuentan con todas las bases de datos disponibles y el Ministerio Público sí. Manejamos información más consolidada, tenemos datos de la causa, las diligencias, declaraciones, los partes e informes de la PDI o Carabineros, según sea el caso, medidas intrusivas que se piden ante un tribunal, por lo tanto el repositorio que hay es mucho", explica Ramírez.

Los expertos serían capacitados tanto en Chile como en el extranjero y podrán tener distintas profesiones como sociólogos, antropólogos, economistas o peritos contables, entre otros, y deberán trabajar en equipos.

Este plan es complementario de la iniciativa de Fiscalía de Alta Complejidad supraterritorial, e investigaría delitos de corrupción, económicos complejos, crimen organizado, lavado de dinero y terrorismo, entre otros. Esto significaría un costo de 31 mil millones de pesos.