Este año Iván Zamorano además debió pagar $180 millones tras ser condenado por incumplimiento grave de contrato.
El MercurioSANTIAGO.- El Banco de Crédito e Inversiones (BCI) presentó una demanda en contra de Iván Zamorano, como principal deudor, y las empresas del ex deportista, por la suma de $1.669.029.798, que éste adeudaría, solicitando el embargo de los bienes equivalentes al monto comprometido.
El documento que se tramita en la justicia civil –al que accedió Emol- acusa que las firmas del Inca Sociedad de Inversiones Limitada, Sociedad de Inversiones Santa Alicia Limitada y Ciudad Deportiva Iván Zamorano –todas representadas por el ex deportista-, habrían incumplido el pago de cuotas desde octubre de 2013.
La acción judicial -interpuesta el pasado 21 de abril ante el 3° Juzgado Civil de Santiago- también involucra a las empresas de Servicios Deportivos, Gimnasio y Salud Limitada, Del Inca Sport Limitada y Servicios de Capacitación y Asesoría en Computación Limitada, las cuales son representadas por Wilson Enrique Flores Cariz, cuñado del ex capitán de la Selección Chilena de fútbol, a quien también se le presenta como deudor.
Emol, en tanto, intentó contactarse con el abogado de Zamorano, Nicolás Fernández Chicharro, y con el propio ex futbolista, sin embargo, no respondieron a los llamados.
Condenado a pagar $180 millones
En 2011, Iván Zamorano debió enfrentar una situación similar ante un proceso judicial por cerca de $650 millones.
En esa oportunidad, Juan Rodolfo Ulloa Vilarín, dueño del centro de salud que operaba al interior de la Ciudad Deportiva, acusó al ex futbolista de incumplimiento de contrato en una demanda arbitral presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de la Cámara de Comercio.
Según detalló Ulloa a este medio, "Zamorano no respetó los términos acordados entre las partes" que tenían relación con la exclusividad de su clínica al interior del campo deportivo y con deficiencias en las instalaciones facilitadas para que funcionara el centro Ciencia, Entrenamiento y Salud S.A.
"Este señor me echó abajo una empresa y tuve que despedir, además, a 30 personas por ello", señaló el ingeniero.
La causa, finalmente, terminó en abril pasado luego que Zamorano, tras ser condenado, debió desembolsar $180 millones al afectado, pago que fue cancelado en cuotas, según afirma Ulloa Vilarín.