La investigación estableció que fueron 57 los internos golpeados.
El MercurioSANTIAGO.- Luego de dos meses de intensa investigación tras conocerse las imágenes de la brutal golpiza contra un grupo de internos de la cárcel de Rancagua, este miércoles la Fiscalía resolvió formalizar a los 25 funcionarios presuntamente involucrados en el hecho ocurrido la noche del 3 de agosto de 2013 minutos después del intento de fuga de dos reos.
Así lo confirmó a Emol el fiscal jefe de la ciudad, Sergio Moya, recalcando que del total de los imputados, cinco corresponden a oficiales, todos en servicio activo.
"La solicitud fue ingresada esta mañana ante el Juzgado de Garantía Local, que programó la audiencia de comunicación de cargos para el próximo 16 de octubre a las 8:30 horas", agregó el investigador que encabeza las indagatorias.
En dicha instancia, continuó, se le imputará a los funcionarios los delitos de tormentos y apremios ilegítimos.
Respecto a las víctimas del módulo 41 que fueron agrupadas en el patio del penal para posteriormente ser agredidas por los gendarmes, Moya aseguró que "los antecedentes lograron establecer que fueron 57 las personas golpeadas", lo cual fue confirmado con las declaraciones que los internos entregaron ante el Ministerio Público.
Por último, el persecutor destacó el trabajo de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI que durante las últimas ochos semanas "trabajo exclusivamente en la ciudad para lograr avances en la causa".
La investigación penal se inició hace un año tras la denuncia presentada por el jefe de Unidad de la cárcel de Rancagua de entonces, coronel Sergio Alarcón Aravena, quien entregó las imágenes a la Fiscalía para que indagara respecto a los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito.
Paralelamente, la institución realizó un sumario administrativo que propuso sanciones disciplinarias a los oficiales responsables, las que no fueron acogidas por el director regional, coronel Pedro Valenzuela Bustos, quien resolvió absolverlos antes de pasar a retiro.
Actualmente, y tras la reapertura del sumario ordenada por el propio ministro de Justicia, José Antonio Gómez, se suspendió -en principio- a los siete gendarmes identificados preliminarmente.