SANTIAGO.- La senadora UDI por la región del Bio Bio, Jacqueline van Rysselberghe, criticó las propuestas entregadas por la Comisión Asesora Presidencial para el Sistema Privado de Salud (Isapres), asegurando que fue más allá de los objetivos planteados por el mandato presidencial entregado por Michelle Bachelet al momento de conformarla, que eran mejorar el sistema y terminar con los abusos.
A juicio de la senadora, "es absolutamente necesario introducir cambios al sistema de salud privando para evitar los abusos que existen, como las preexistencias, la cautividad de los cotizantes y la gran desigualdad entre los planes, pero eso es muy distinto a buscar estatizar el sistema de salud en Chile".
Según van Rysselberghe la comisión asesora se extralimitó en las atribuciones entregadas por el mandato presidencial, ya que a su juicio "o no le hicieron caso a Bachelet o esta comisión asesora fue una gran farsa. El informe traerá como consecuencia que 1 millón y medio de chilenos que hoy están cotizando en Isapres y que tiene sueldos inferiores al millón y medio de pesos, obligadamente tendrán que volver al sistema público de salud".
En ese sentido, van Rysselberghe consideró que "la Comisión propone la creación de un fondo mancomunado que se financiará con una parte del 7% de las cotizaciones de los trabajadores, lo que en la práctica se transforma en un "impuesto" que es administrado por el Estado y que irá creciendo con el tiempo. Esto significa el fin de la libertad de elección de los chilenos, lo que constituye en elemento ideológico introducido por este Gobierno al sistema de salud chileno".
Para la senadora por la Región del Bio Bio, esta propuesta es mala, ya que "la idea es que las personas, principalmente las de clase media, pudieran elegir entre un sistema público y otro privado que funcionaran bien, pero eso no está reflejado en esta propuesta. En resumen, lo que se quiere hacer en salud es lo mismo que se está haciendo en educación, nivelar hacia abajo".
Van Rysselberghe aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet y a la Ministra de Salud, Helia Molina, a que "se respeten las libertades de todos los chilenos a poder elegir y evitar que el estado sea quien finalmente, maneje la vida de los ciudadanos".
Además, la parlamentaria gremialista también criticó el errático desempeño en este tema de la ministra Molina, ya que el trabajo y las conclusiones de la Comisión Asesora siempre estuvieron en disonancia con sus declaraciones, como cuando la directora de Fonasa dijo que las cotizaciones de salud no eran propiedad de los trabajadores, sino que constituían un impuesto específico a la seguridad social que deberían ir a un fondo común, lo cual fue refutado por ella, asegurando que esta idea no estaba considerado en el programa de Gobierno y que las políticas en materia de Salud las dictaba ella.
Por lo anterior, la médico psiquiatra aprovechó de pedir a Molina que "defina su posición personal frente a este tema y entregue una buena explicación sobre sus declaraciones anteriores, ya que queda la sensación de una subalterna la pautea, o tiene más afinidad con la presidenta que ella, respecto a las políticas de salud de este Gobierno".
Por su parte, el integrante de la Comisión de Salud del Senado, Francisco Chahuán, subrayó que "es necesario dotar de mayor transparencia y competencia al mercado de las Isapres y esperamos que se cumpla el objetivo para el cual la instancia fue convocada, que es terminar con discriminaciones por sexo y edad, con la cautividad y generar las condiciones adecuadas para que los afiliados a los sistemas de salud puedan conocer los distintos planes vigentes, las coberturas y prestaciones".
Sin embargo, dijo, "una cosa distinta es que se tienda a expropiar, a través de fondos mancomunados, el descuento del 7% de salud de los afiliados, que pertenece a ellos y tiene un fin determinado".
Por lo mismo, manifestó su confianza en que "esta sobreideologización no termine sobrecargando el sistema público, generando mayor colapso en tiempos de interconsultas" y llamó a actuar "con mano firme para terminar con abusos del sistema privado y que éste se ciña a los fallos del Tribunal Constitucional, de las Cortes de Apelaciones y Suprema, pero sin tender a terminar con su existencia y que asegure un sistema mixto, con reglas claras".