Rectoría del Instituto Nacional deberá adoptar medidas para evitar las ocupaciones.
Jorge Sepulveda, El Mercurio.SANTIAGO.- En un fallo dividido la Corte Suprema ordenó a la rectoría del Instituto Nacional adoptar las medidas necesarias "para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los apoderados y estudiantes recurrentes".
Esto, luego de que un grupo de apoderados del establecimiento educacional denunciará tomas "ilegales y arbitrarias" lideradas por dirigentes y avaladas tanto por el rector del recinto como por la edil de la comuna, Carolina Tohá.
El fallo advierte sobre los estudiantes que "sin perjuicio de la ilegitimidad que reviste la realización de una toma, no es posible requerir a los tribunales de justicia que ordene a los estudiantes del Instituto Nacional o de cualquier otro establecimiento educacional de abstenerse de discutir su procedencia como la de cualquier otra forma de paralización de actividades".
En esa línea, el documento argumenta que "el derecho a manifestarse libremente, la libertad de opinión y de reunión no pueden ser objeto de limitación alguna antes que sean ejercidas, toda vez que por mandato constitucional se prohíbe la censura previa, ni requieren de permiso anticipado por parte de la autoridad".
Respecto al municipio, señala que "resultaría ilusorio que este tribunal definiera a priori la reacción que debe tener la Municipalidad de Santiago frente a cada toma estudiantil, porque pese a tratarse de un acto ilegal, le corresponde a esa autoridad administrativa apreciar dentro de su ámbito de competencia cuestiones de mérito y oportunidad que determinará cómo enfrentarlas".
Además, dice que "si bien la Municipalidad recurrida en calidad de sostenedora asume responsabilidades en el proceso del normal desempeño de los establecimientos educacionales de la comuna, la autoridad más directamente vinculada con el quehacer de los alumnos es precisamente el rector del plantel".
Por lo tanto, éste "deberá implementar, de conformidad a lo razonado en el considerando décimo séptimo, todas las medidas a su alcance tendientes a impedir nuevas perturbaciones o vulneraciones de las garantías que antes se indicaron".
Consultado por Emol sobre el tema, el rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, declinó comentar el fallo, señalando que aún lo debe analizar en profundidad. "Es un tema bien complejo y amerita un análisis profundo", explicó.