Cristián Labbé fue sometido a proceso por su presunta vinculación en la muerte de 13 personas al interior de Tejas Verdes.
El Mercurio (Archivo)SANTIAGO.- La defensa del ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, quien fue sometido a proceso por su presunta vinculación en la muerte de 13 personas que estuvieron recluidas en el regimiento Tejas Verdes durante la dictadura militar, solicitó a la ministra Marianela Cifuentes una serie de diligencias tendientes -a su juicio- a establecer la inocencia del coronel en retiro.
Según detalló a Emol el abogado Cristián Espejo, la semana pasada se presentó un conocimiento para tener acceso a todas las piezas del sumario con el objetivo de "demostrar nuestra tesis de que efectivamente no hay un reconocimiento de mi representado en los hechos que se le imputan y que tienen relación con el delito de asociación ilícita".
Por ello, agrega el defensor, se pidió una certificación del periodo en que ocurrieron los ilícitos "para demostrar el despropósito de establecer que una persona que estuvo en la zona de manera intermitente no puede pertenecer a una asociación ilícita".
A ello, explica Espejo, se suma un requerimiento "para que se oficie al centro de Estudios Miguel Enríquez para que acompañe el dossier de todas las víctimas que aparecen en el expediente" y tener claridad respecto a las víctimas que se le atribuye al ex edil.
Labbé fue sometido a proceso el pasado 20 de octubre por violaciones a los derechos humanos junto a otros 9 ex oficiales del Ejército.
Ello, luego que la ministra Cifuentes estableciera la supuesta vinculación del coronel en retiro en el secuestro y homicidio calificado de Óscar Gómez Farías, Ceferino Santis Quijada, Luis Norambuena Fernandois, Jorge Cornejo Carvajal, Jorge Ojeda Jara, Víctor Mesina Araya, Florindo Vidal Hinojosa, Gustavo Farías Vargas, Aquiles Jara Álvarez, Jenaro Mendoza Villavicencio, Carlos Carrasco Cáceres, Carlos Galaz Vera y Miguel Ángel Moyano Santander.
Tras ser notificado, el ex uniformado alcanzó a permanecer recluido 48 horas en la celda del Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén, recuperando su libertad previo al pago de una fianza de $500 mil ordenado por la Corte de Apelaciones de San Miguel.