La fiscalía solicitó una pena de seis años de presidio para Víctor Montoya.
Álex Valdés, El MercurioSANTIAGO.- A la medianoche de este miércoles, el Tribunal Oral de Puente Alto se constituirá en pleno en el retén de Las Vizcachas que en febrero de 2013 resultó dañado tras la explosión de un artefacto explosivo que dejó un carabinero lesionado.
Lo anterior, en el marco del segundo juicio oral en contra de Víctor Hugo Montoya, el único acusado por el hecho, a quien la Fiscalía Metropolitana Sur lo acusó por delito terrorista.
En el procedimiento participarán todos los intervinientes en la causa -además de los jueces- e incluye al fiscal regional Sur Raúl Guzmán y a los fiscales Chrstian Toledo y Héctor Barros, además de la defensa del acusado encabezada por el abogado Rodrigo Román, quien calificó como "una pirotecnia de la Fiscalía" la diligencia solicitada.
Ésta será la primera vez que los sentenciadores acudan al sitio del suceso ya que en el primer proceso contra Montoya, donde resultó absuelto, el procedimiento no fue solicitado.
Ayer, en tanto, la defensa del joven estudiante de Relaciones Público terminó de exponer sus medios de prueba que darán paso a los alegatos de clausura programados para el próximo martes.
Segundo juicio
Víctor Hugo Montoya había sido absuelto de todos los cargos luego que el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto estimara que las pruebas presentadas por la Fiscalía Sur no habían sido suficientes para derribar la presunción de inocencia del joven y condenó al Ministerio Público y al funcionario policial -querellante en la causa- al pago de las costas.
Sin embargo, el pasado 10 de septiembre la Corte de Apelaciones de San Miguel -en fallo unánime- resolvió acoger el recurso del Ministerio Público y anuló el primer juicio, dejando sin efecto la sentencia absolutoria.
Ahora, la Fiscalía intenta por segunda vez lograr un veredicto condenatorio -que será conocido la próxima semana- ya que a juicio de los investigadores, las pruebas rendidas en el procesos son suficientemente claras para comprobar la participación del estudiante en el ataque calificado como terrorista por el ente persecutor penal.