CASA 212: Altos mandos de la FACh fueron procesados y permanecen detenidos

SANTIAGO.- Esta mañana, la ministra en visita Dobra Lusic comunicó el procesamiento de cinco altos mandos de la Fuerza Aérea de Chile -dos en retiro y tres en servicio activo-por incumplimiento de deberes militares en relación a la tragedia del avión CASA 212 que cayó al mar en el archipiélago de Juan Fernández, dejando 21 personas fallecidas.

Ello, luego del cierre del sumario que fue reabierto en abril pasado por orden de la Corte Suprema.

Según determinó la magistrada, al jefe del Estado Mayor del Comando de Combate, Guillermo Castro y al ex comandante en jefe de la V Brigada Aérea, Julio Frías -ambos retirados- les cabe responsabilidad en el hecho al incumplirse procedimientos establecidos previamente por la institución.

A ello se suman otros tres miembros de la Fuerza Aérea de Chile -el comandante Sergio Castro Moya, el capitán Mauricio Barría Ruiz y el teniente Mauricio Solano Pereda- que fueron notificados durante esta jornada.

A todos se les aceptó la libertad bajo fianza a cambio del pago de $100 mil, sin embargo, ello será resuelto mañana por la Corte Marcial.

Mientras, todos los oficiales deberán permanecer detenidos en la Brigada Área de El Bosque hasta que se ordene lo contrario. 

El 21 de marzo del año pasado, el tribunal castrense confirmó por unanimidad la resolución del ministro Juan Cristóbal Mera, quien sobreseyó la investigación tras concluir que el origen del accidente fue que la tripulación perdió el control del avión por haberlo volado "a una altura peligrosamente baja", en medio de fuertes vientos y torbellinos.

Como las responsabilidades penales del piloto y la comandante del vuelo -tenientes Juan Pablo Mallea y Carolina Fernández, respectivamente- se encuentran extinguidas con su muerte, el juez dictó el sobreseimiento definitivo.

Sin embargo, los abogados que representan a los familiares de nueve de las víctimas recurrieron al máximo tribunal que revirtió la decisión del ministro en visita.

Lo anterior, con el objetivo de establecer la responsabilidades de los oficiales de la Fuerza Aérea que participaron en los procesos previos a la ejecución del vuelo, referidas tanto a su responsabilidad por cuasidelito de homicidio como por incumplimiento de deberes militares.

Lo primero, sin embargo, fue descartado por la ministra que sólo procesó por fallas en los procedimientos.