Cristián Labbé fue sometido a proceso por su presunta vinculación en la muerte de 13 personas al interior de Tejas Verdes.
El MercurioSANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó este lunes la pretensión del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de ampliar cargos contra el ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, quien fue sometido a proceso por asociación ilícita por su presunta vinculación en la muerte de 13 personas que estuvieron recluidas en el regimiento Tejas Verdes durante la dictadura militar.
En fallo unánime, la tercera sala del tribunal de alzada desestimó encausar al coronel en retiro por delitos de secuestro, homicidio y tortura.
Ello, en relación a la calidad de coautor de 8 secuestros simples, 5 delitos de secuestro calificado, 13 delitos de aplicación de tormentos y 8 delitos de homicidios calificados que le atribuyó el gobierno.
La decisión de los ministros fue alabada por el abogado de Labbé, Cristián Espejo, quien enfatizó a Emol que la pretensión del programa responde a una "persecución odiosa en contra de mi representado".
"Con esto, queda muy debilitada la asociación ilícita porque no se le sindica delito alguno y se ratifica su inocencia", agregó el defensor, enfatizando que las diligencias solicitadas por la corte "tienden a un camino para dejar totalmente liberado a Labbé de alguna responsabilidad".
Cristián Labbé fue sometido a proceso el pasado 20 de octubre por violaciones a los derechos humanos junto a otros 9 ex oficiales del Ejército.
Ello, luego que la ministra Cifuentes estableciera la supuesta vinculación del coronel en retiro en el secuestro y homicidio calificado de Óscar Gómez Farías, Ceferino Santis Quijada, Luis Norambuena Fernandois, Jorge Cornejo Carvajal, Jorge Ojeda Jara, Víctor Mesina Araya, Florindo Vidal Hinojosa, Gustavo Farías Vargas, Aquiles Jara Álvarez, Jenaro Mendoza Villavicencio, Carlos Carrasco Cáceres, Carlos Galaz Vera y Miguel Ángel Moyano Santander.
Tras ser notificado, el ex uniformado alcanzó a permanecer recluido 48 horas en la celda del Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén, recuperando su libertad previo al pago de una fianza de $500 mil ordenado por la Corte de Apelaciones de San Miguel.