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Santiago: Sábado 09 de noviembre del 2024 | Actualizado 00:13
Cristián Hott, uno de los vigilantes, acusó a Prosegur de querer perjudicarlos.
Francisco Águila, Emol.SANTIAGO.- Con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la empresa Prosegur, quedaron este martes los tres vigilantes detenidos ayer y acusados de estar vinculados en el asalto al blindado que tripulaban, ocurrido en mayo pasado en Pudahuel.
La decisión fue adoptada por la jueza del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Pilar Aravena, quien rechazó la solicitud del fiscal de la zona metropolitana Occidente, Eduardo Baeza.
El representante del Ministerio Público había pedido la prisión preventiva tras formalizarlos por el delito de hurto agravado.
En la audiencia, el persecutor explicó que los videos de la Autopista Vespucio Norte fueron clave para corroborar las incongruencias entre las versiones de Cristian Hott Cid -quien operaba como "portavalor" del blindado-, el vigilante Juan Serrano Olivos y Luis Hernán Quezada Navarro -conductor de la máquina-, con lo que captaron las cámaras.
El fiscal Baeza había solicitado la citada medida cautelar argumentando que la libertad de los funcionarios de Prosegur representaba un peligro para la investigación.
Raúl Castillo, defensor privado de los tres imputados, se opuso a la pena señalando que el delito que podrían haber cometido sus representados -en caso de que se comprobara la acusación- era sólo un delito de apropiación indebida, que tiene una condena menor.
La jueza Pilar Aravena escuchó el argumento del jurista e hizo hincapié en que se debía investigar qué sucedió con la grabación de las cámaras del camión, las que fueron revisadas por el OS-9 de Carabineros, quienes no encontraron imagen alguna del ilícito.
A la salida del tribunal, Cristián Hott -que dijo llevar seis años en la empresa y descartó estar implicado en el atraco- acusó a la entidad de querer perjudicarlos y que "ocultaba información".
También aseguró que el dinero que se incautó en su casa (unos $420 mil en efectivo) provenían de un giro realizado días antes y de ahorros.
La magistrada dio al Ministerio Público un plazo de 120 días para terminar con la investigación.
