Sostenedores utilizarán todos los medios jurídicos para evitar la aprobación de la reforma educacional

SANTIAGO.- La Asociación de Sostenedores por la Educación (Asoseduc) planteó que utilizarán todos los medios jurídicos disponibles para evitar a la aprobación de la reforma educacional, que según la organización busca imponer un modelo ideológico, despreocupándose de la calidad.

Mediante un comunicado el organismo que agrupa a pequeños sostenedores detalló que “continuaremos utilizando todos y cada uno de los medios que nos entregue nuestro ordenamiento jurídico-social, para impedir que se concrete una equivocada reforma educacional, la cual busca imponer una ideología no consensuada con los ciudadanos, despreocupándose de la calidad de la educación en nuestras salas de clases, intentando atomizar o, simplemente, eliminar el sistema educacional particular subvencionado”.

Sobre los efectos que tendría la aprobación de la iniciativa del Gobierno, la asociación advirtió que “de aprobarse esta reforma en los actuales términos, nos veríamos obligados a cerrar, sin precisar fechas y dejando claro que es una situación eventual, pero probable”.

La entidad que agrupa a los sostenedores mostró además su preocupación por el documento que entregó la diputada, María José Hoffmann, durante la interpelación al Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en el cual se menciona que 500 colegios han anunciado su cierre por la reforma educacional.

“Nos hemos visto en la obligación de recurrir a publicaciones como la expuesta por la Diputada Hoffmann, porque el Gobierno no ha querido escucharnos y es nuestro deber informar al país de las eventuales consecuencias negativas  de esta reforma educacional”, sostiene  la Asoseduc.

Asimismo, y en vista de que la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, solicitó una copia del documento presentado por la parlamentaria en la interpelación, al presidente de la Cámara Baja, Aldo Cornejo, la entidad expresó que “consideramos dicho oficio como el reflejo de un desprecio manifiesto por la libertad de expresión garantizado por nuestro ordenamiento jurídico y una actuación de prepotencia con el que pueda no estar de acuerdo con las políticas públicas del gobierno de turno”.