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Santiago: Domingo 01 de septiembre del 2024 | Actualizado 01:46
SANTIAGO.- Un informe de derecho sobre la eventual punibilidad de la polémica grabación realizada por el ex gerente del Grupo Penta Hugo Bravo -que vincula a políticos con la entrega irregular de dineros para sus campañas- y su aporte como un medio de prueba en un juicio oral, será el principal argumento que este martes la defensa del ex ejecutivo del holding exponga ante la Novena Sala de la Corte de Apelaciones para insistir en el sobreseimiento de su representado en una causa por el presunto delito de grabación ilegal.
El estudio, al que accedió Emol e incluido en el expediente, fue encargado por el equipo que defiende a Bravo -encabezado por Catherine Lathrop- al abogado y experto en derecho a la información, Pedro Anguita, quien concluye, entre otros puntos, que la grabación que realizó el ex ejecutivo el 7 de septiembre de una conversación que sostuvo en su casa con el empresario Carlos Eugenio Lavín y su hijo, "no vulneró el derecho a la vida privada de estos últimos, y tampoco violó sus comunicaciones privadas".
Según establece el doctor en derecho, dicha conversación -que fue registrada con un teléfono celular y en la que aparecen mencionados como beneficiarios de dichos aportes Laurence Golborne y Pablo Longueira, los senadores Iván Moreira, Ena von Baer, y el diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva- no tuvo un carácter privado, lo que es requisito "esencial para que la Constitución Política le otorgue su protección".
"La reunión donde se efectuó la conversación fue convocada para abordar un tema vinculado a la relación laboral que existía entre ambos, que no posee ni puede poseer un carácter privado", asegura el documento, agregando que la reunión sólo tuvo como finalidad resolver las diferencias derivadas del contrato de trabajo que Bravo tenía con la empresa.
"No existe taxonomía doctrinaria jurídica alguna que relacione como perteneciente al derecho a la vida privada un asunto de carácter laboral entre un empleador y un trabajador", detalla el informe, apoyándose además en el antecedente que dice relación con la presencia del hijo de Carlos Eugenio Lavín en el encuentro, quien oficiaría como testigo de la conversación cuyo audio ya está en manos de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, en el marco de la arista política del denominado Fraude al FUT.
Por ello, puntualiza, "al no existir una vulneración a derecho fundamental alguno -como el derecho a la vida privada, y a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada- y tampoco a ninguna norma legal, no puede otorgársele el carácter de prueba ilícita como medio probatorio a la grabación efectuada por el señor Hugo Bravo de la conversación que tuvo con don Carlos Eugenio Lavín y su hijo en su casa".
De esta manera, finaliza el informe, la grabación que fue dada a conocer tres meses después de su realización, debería ser considerada como un elemento de prueba por la justicia laboral, y eventualmente en los tribunales de competencia penal y civil.
La grabación
La grabación es parte de la prueba que Hugo Bravo presentó en el juicio laboral que enfrenta luego de demandar a los controladores de Penta por $2.500 millones.
En el audio, el ex gerente dice sentirse solo y preocupado por su futuro procesal en la arista política del caso, ante sus supuestos aportes irregulares a campañas políticas de miembros de la UDI.
"Le pagué $100 millones a Pablo Longueira, en efectivo. Otro tanto a (Laurence) Golborne y a un montón de (personas)", dice Bravo en la conversación en la que también se desprende que a Golborne, "desgraciadamente" el ex ejecutivo le habría pagado "contra boletas, a una sociedad de él, (que está) afuera. Y se le pagó antes y después, como $400 millones".
El material, sin embargo, era desconocido por el Ministerio Público que aseguró la semana pasada no tener antecedentes de dicha grabación.
Por eso, el fiscal regional oriente Alberto Ayala, solicitó que el audio fuera incluido en la carpeta de investigación que sustancia el fiscal Carlos Gajardo, puntualizando que en esta etapa procesal podría ser válido como evidencia ante un eventual juicio oral si así lo determina el tribunal de garantía.
