El ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén.
Álex Valdés, El MercurioSANTIAGO.- El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago reabrió en 90 días la investigación por lucro en las universidades y por delitos de corrupción que sustenta la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente.
Ello, luego que el juez Juan Carlos Valdés aceptara la solicitud de la defensa del ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, que argumentó la existencia de diligencias pendientes y que son relevantes "para la defensa de los intereses" de su representado.
De esta manera, el Ministerio Público deberá oficiar en el plazo establecido a instituciones educacionales para que se le informe respecto a si miembros o ex miembros de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile han trabajado o prestado asesorías o servicios similares a los establecimientos requeridos.
Esto incluye a 58 universidades del país, a 45 institutos profesionales y a 72 Centros de Formación Técnica, además de la Escuela de Carabineros de Chile, la Escuela de Investigaciones Policiales, la Escuela de Gendarmería de Chile, la Escuela Militar, la Escuela de Aviación y la Escuela Naval.
La decisión del tribunal no consideró el rechazo de la Fiscalía, que estimó que el requerimiento de la parte acusada no era pertinente y sólo podía ser entendida como una medida dilatoria.
Acusación
La acusación había sido presentada por el fiscal Carlos Gajardo el pasado 4 de diciembre en contra del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz, y los ex rectores de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga; Pedro de Valdivia, Ángel Maulén; y Universidad Sek, José Enrique Schroder, además de las personas jurídicas de estas casas de estudio.
De ellos, quien arriesga la mayor de las penas es Díaz, contra quien el ente persecutor penal propuso una condena total de 12 años de presidio.
En su caso, el Ministerio Público había solicitado 5 años y 1 día de presidio por el delito de lavado de dinero; 4 años de presidio menor por cohecho, tráfico de influencias y revelación de secreto; y 3 años y 1 día por delito tributario.
Para Zúñiga y Maulén, en tanto, la Fiscalía había pedido 5 años y 1 día de presidio por el delito de lavado de dinero y 3 años y un día por soborno, mientras que para Schroder solicitó 800 días de presidio menor por el ilícito de soborno.
Respecto a las personas jurídicas, la Fiscalía había propuesto la prohibición de celebrar contratos con organismos del Estado por un periodo de 3 años, además de una multa de 10.000 UTM a excepción de la U. del Mar, a la cual se le pide el pago de 2000 UTM.
Ahora, la Fiscalía deberá realizar las diligencias pedidas para luego volver a acusar a los imputados.