Carlos Peña responsabiliza al Gobierno de molestia de alumnos por alza de aranceles

SANTIAGO.- El rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, responsabilizó al Gobierno por la molestia que ha generado este año entre los jóvenes el alza de aranceles anunciada por varias universidades, ya que a su juicio la promesa de gratuidad que hizo el Ejecutivo se contrapone con la realidad que hoy enfrentan las universidades, las que deben seguir realizando este cobro para poder financiarse.

Los estudiantes de ese plantel han sido parte de las manifestaciones que han realizado alumnos de distintas universidades privadas en contra de la medida. Según informó la UDP, el cobro se reajustará de acuerdo al IPC para los alumnos nuevos, mientras que para los antiguos el alza será por debajo de ese índice.

En una columna publicada hoy en "El Mercurio", el académico explica que en Chile hoy todas las universidades deben financiarse con los aranceles que pagan sus estudiantes, que les permiten solventar la docencia, la investigación, la infraestructura y las actividades de vinculación que realizan con el medio.

Dice que por esa razón, prácticamente todas las instituciones, estatales y privadas, deben al menos reajustar anualmente sus aranceles en base a la variación del IPC. De lo contrario, advierte que tarde o temprano se verían obligadas reducir sus plantas académicas, sus funcionarios o sus proyectos de investigación.

Sin embargo, afirma que esa realidad que deben enfrentar las universidades chilenas, hoy "choca con las expectativas de gratuidad y de menores costos que el gobierno ha sembrado entre los estudiantes", lo que –en su análisis– ha llevado a que los jóvenes se sientan "defraudados" y demanden a las propias universidades que cumplan esa promesa, aunque sea de manera parcial, pese a que no está en sus manos resolverlo.

"Las promesas de gratuidad han deteriorado la legitimidad del cobro de aranceles sin que la economía política de las instituciones, estatales o no, se haya modificado en lo más mínimo. Las instituciones parecen así obligadas a soportar las frustraciones de sus estudiantes, sin tener ninguna posibilidad de resolverlas", afirma el académico.

Si bien reconoce que "no está en las manos del Gobierno resolver de una plumada esta situación", afirma que el Ejecutivo "no debiera desentenderse de los vientos que ha sembrado al prometer gratuidad como si ello estuviera a la vuelta de la esquina".

Por esa razón, plantea que "una manera en que el Gobierno podría ponerse a la altura del problema sería que explicara, siquiera en sus líneas básicas, de qué forma satisfará la promesa de gratuidad que formuló". "Así, se sustituiría una promesa que es hasta ahora un rostro sin facciones, por una directriz de política pública que ordenaría las expectativas y favorecería el escrutinio por parte de los ciudadanos", sostiene.

Al respecto, subraya que "no hay nada peor en política que agitar las expectativas sin preocuparse y sin explicar, como cosa previa, de cuándo, cómo y a qué ritmo podrán satisfacerse. Los resultados de no hacerlo ya se están viendo en el sistema universitario".

Añade que esta situación "desgraciadamente, no parece tener salida inmediata. Y, en vez de ello, incrementará las manifestaciones y las quejas que, alimentadas por las emociones y la frustración".