Contraloría acusa a agencia encargada de Simce de traspasar funciones a privados

SANTIAGO.- Un informe emitido por la Contraloría de la República reveló deficiencias en la aplicación de la prueba Simce, a cargo de la Agencia de Calidad de la Educación, relativas a la idoneidad de los examinadores y acusó al organismo de traspasar funciones propias a terceros.

La indagatoria revisó la ejecución del test de 2013 que se aplicó a estudiantes que cursaban 2°, 4°, 6° y 8° básico; y II y III medio, durante los meses de octubre y noviembre respectivamente. Para ese periodo, el Ministerio de Educación transfirió un monto de M$ 15.324.533, para llevar a cabo todo el proceso de distribución, capacitación y aplicación del test, entre otros.

Contraloría señaló que la entidad auditada contrató a terceros para ejecutar diversas tareas relativas al proceso de aplicación de las pruebas, siendo que la Agencia es la encargada de diseñar, implementar y aplicar, además de evaluar y orientar el sistema educativo tras los resultados.

Una de las empresas a las que contrató servicios fue la Consultora Gesport Ltda, que observó los procesos operativos en los centros respectivos y la aplicación del test, lo que permitiría "cumplir su rol evaluador".

A la vez, la Agencia aprobó "la contratación a honorarios de don Javier Krause Werner para desarrollar en forma independiente la supervisión y monitoreo de los procesos de impresión y mecanización del material. (…) Tales servicios son indispensables para la ejecución eficiente de las funciones propias de la Agencia de Calidad de la Educación y que no pueden lograrse por medio de sus recursos humanos propios".

Para la Contraloría, "las situaciones descritas evidencian un eventual traspaso de potestades públicas, al otorgar a terceros la responsabilidad de ejercer su rol evaluador", por lo que sostiene que la Agencia "deberá abstenerse, en la sucesivo, de encomendar a terceros acciones que puedan involucrar el traspaso de competencias asignadas par ley a esa repartición".

En sus descargos, la Agencia afirmó que los servicios licitados y contratados tuvieron como propósito apoyar las funciones propias de la entidad y no "la supervisión directa". Sin embargo, al solicitar la Contraloría el "respaldo de los controles a los servicios contratados (…) ésta proporcionó únicamente los comprobantes de gastos en taxi, no pudiendo evidenciar la ejecución de actividades de supervisión ejercidas sobre los contratos".

Multas a la U. Federico Santa María

La Contraloría también instruyó a la Agencia de calidad cobrar las multas correspondientes a la U. Técnica Federico Santa María, que fue la encargada de aplicar las pruebas que incluyen discapacidad sensorial en la Región Metropolitana, debido a que proporcionó información incorrecta en la recepción y entrega de material, además de no entregar reportes sobre los examinadores.

Por ejemplo, el informe menciona que existe falta de control respecto de los resultados obtenidos de los examinadores de discapacidad sensorial, los que debían demostrar el grado de competencia en el manejo de braille, ábaco, lengua de señas y ayuda técnica, antes de ser seleccionados para la aplicación del test.

Según la respuesta de la Agencia de Calidad, en las bases de licitación no estaba explicitado que la institución debiera informar sobre este punto, pero asegura que el contenido existe y que los evaluados tuvieron la calificación suficiente para aprobar y ser examinadores. Pese a esto, hay 43 casos en los cuales no existe constancia de que hayan rendido la prueba de conocimientos.

Asimismo, el ente fiscalizador da cuenta de que la propia Agencia tuvo reclamos a través de su página Web sobre el tema. "Inasistencia, inadecuada presentación, impuntualidad, dificultad para manejar grupos de alumnos, incumplimiento en visitas previas a los establecimientos y desconocimiento en la forma de aplicar la prueba, entre otros aspectos", fueron algunas de las denuncias que recibió.

Alto riesgo de filtración del test

También hay irregularidades con los centros de operaciones, lugares específicos predeterminados donde llegó el material del test y se canalizó la información. Según Contraloría, habría sitios inexistentes y otros que se ubicaban en otra comuna a la asignada, ocasionando problemas en la distribución. 

De hecho, la institución en cuestión tenía que dar cuenta de registros fotográficos, los que no fueron entregados en su totalidad e incluso en algunas partes se repitieron.

"Las situaciones evidencian deficiencias de control sobre los productos que debieron ser entregados por la universidad, lo que pugna con los principios de control, eficiencia y eficacia dispuestos", dice el informe, puntualizando que no se adoptaron medidas contra incendios y que había riesgo de la filtración del material, entre otras anomalías.