Agencia de Calidad reconoce irregularidades y dice trabajar en mejoras de supervisión del Simce

SANTIAGO.- El actual secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad, Carlos Henríquez reconoció las irregularidades que dio a conocer la Contraloría respecto al trabajo realizado por el organismo en la aplicación y supervisión del Simce, pero advirtió que se desarrollaron en el periodo anterior y que se está trabajando en las mejoras pertinentes.

"Valoramos el informe de Contraloría porque plantea elementos vitales para fortalecer y mejorar nuestra labor como Agencia", aseguró Henríquez a Emol, señalando que las recomendaciones del ente fiscalizador permiten "aportar a la función pública que tenemos de evaluar, orientar e informar los aprendizajes de los establecimientos".

Uno de los elementos que abarcó la indagatoria daban cuenta del traspaso de funciones a personas y entidades privadas por la externalizacion de servicios. Si bien la Contraloría señala que se puede hacer uso de este mecanismo, es la Agencia la encargada de supervisar que el proceso se desarrolle en el marco correcto.

Ello lo confirmó el secretario ejecutivo, quien dijo que "la Contraloría determina que podemos externalizar la aplicación Simce, pero no se puede externalizar la supervisión a esta empresa. Efectivamente (en 2013) se externalizó no sólo la aplicación sino que también la supervisión de esa aplicación, (…) pero la función de supervisión no es externalizable".

Por tal razón, el organismo fiscalizador planteó la importancia del "rol de fortalecer las labores para que eso se ejecute" y sea así la Agencia quien supervise la aplicación de la prueba. Eso requiere, según Henríquez "mejorar y rediseñar los distintos procesos en la ejecución y aplicación de la evaluación con el fin de poder tener mayores estándares".

En esa línea, se está evaluando que en caso de incumplimiento por parte de las empresas que apoyan el proceso pierdan la opción de postular a próximas licitaciones. El objetivo sería "resguardar el buen servicio", dijo Henríquez. Esto, porque Contraloría evidenció que no mantenían informes al día, no entregaban reportes e incluso no existían los documentos requeridos.

Sobre la situación actual, el encargado de la Agencia sostuvo que "se licitó a distintas empresas, incluida la Federico Santa María", pero advirtió que "le cursamos las multas cuando no cumplieron algunas de las acciones comprometidas en los contratos", aspecto que mandató la Contraloría. La suma por las anomalías ascendió a $94 millones.

Asimismo, Henríquez comentó que se solicitó "mejorar los controles internos por el volumen de la prueba", ya que al ser una aplicación censal abarca a los 12 mil establecimientos del país. "Estamos hablando de un volumen que requiere de procesos que han ido mejorando, pero que claramente necesitan un plan de modernización", afirmó. Esto se suma, según la autoridad, a que "en los últimos años se avanzó de 6 a 18 evaluaciones y cuando uno aumenta el número de pruebas, aumenta el riesgo de inconvenientes".

Respecto a la inexistencia de una evaluación a la educación adulta, el secretario ejecutivo comentó que "nunca se ha aplicado a este nivel, no ha estado dentro del plan de evaluaciones que el ministerio tiene que enviar al Consejo Nacional de Educación".

"Lo que Contraloría plantea que siendo un nivel educativo que participa dentro de los distintos procesos de enseñanza, es cómo se involucra en un plan de evaluación y se puede tener, al menos, un calendario de cómo se va abordar la evaluación en este segmento”, agregó afirmando que "no sólo es un desafío para la Agencia sino también para el ministerio de Educación".