Senadores aprueban fijar sanciones civiles y penales a sostenedores que lucren

SANTIAGO.- Uno de los temas que ha causado más controversia en la tramitación de la reforma al sistema escolar es la sanción a los sostenedores que lucren.

En la Cámara de Diputados, parlamentarios de la Nueva Mayoría habían promovido una iniciativa para que se penalizara el lucro con cárcel, la que finalmente no prosperó en la sala.

Para abordar esta materia, el Ejecutivo, en conjunto con senadores de la Nueva Mayoría, acordaron introducir una indicación que establece sanciones civiles y penales para quienes incurran en esta práctica, la que fue aprobada este jueves por las comisiones unidas de Educación y Hacienda, que analizan en particular el proyecto de ley que elimina el lucro, el copago y la selección escolar.

La indicación establece que el sostenedor que sustraiga o destine los recursos públicos a fines que no sean educativos estará obligado a reintegrarlos al establecimiento educacional, reajustados según el IPC, y sera sancionado con una multa del 50% de lo sustraido.

Junto a esto, señala que se deberán establecer las "responsabilidades civiles y penales que el ordenamiento jurídico dispone". Por lo que la Superintendencia o el Servicio de Impuestos Internos deben denunciar los hechos al Ministerio Público.

El corazón del proyecto

La indicación fue aprobada con los votos de los senadores de la Nueva Mayoría, mientras que los parlamentarios de la Alianza votaron en contra.

El senador Carlos Montes (PS) destacó que la medida aprobada "es el corazón del proyecto" pues establece sanciones efectivas al lucro. Al respecto, indicó que se establecen distintos tipos de sanciones -administrativas, civiles y penales-, remarcando que "en caso extremo, podran llegar a la cárcel".

En la misma línea, el senador Fulvio Rossi (PS), sostuvo que "no tendría sentido prohibir el lucro con recursos públicos y que no tuviéramos una norma coherente para sancionar a quien lo infrinja". Agregó que la medida tiene un efecto positivo, ya que "no sólo sanciona, sino que además tiene un efecto inhibitorio" para no incurrir en esa práctica.

En tanto, el presidente de la DC, Ignacio Walker -quien también voto a favor-, valoró que las sanciones reguarden el "debido proceso" y que se ajusten al "ordenamiento jurídico vigente", es decir, que no se cree un tipo penal distinto para este caso.

Por su parte, los senadores de la Alianza se opusieron a la medida. El senador Andrés Allamand (RN) cuestionó que "se incluya en el mismo saco" a los sostenedores que sustraigan los recursos, con dolo, y a quienes cometieron un error al usar los fondos en fines distintos a los que establecía la ley.

Mientras que la senadora Ena Von Baer (UDI) -quien hoy retomó su trabajo en la comisión- criticó que la mirada del proyecto hacia los sostenedores sea de "desconfianza", "como si los emprendedores de la educación fueran delincuentes". También advirtió que con esta medida "se está poniendo una traba gigantesca a la creatividad, porque si se salen un poco de la ley pueden ser sancionados".