SANTIAGO.- Finalmente y pese al rechazo de la oposición, los senadores aprobaron uno de los elementos más polémicos de la reforma educacional: la sanción a los sostenedores.
Luego de que se rechazara la propuesta de la Cámara de Diputados que proponía castigar con penas de cárcel el mal uso de los fondos, se aprobó el artículo –acordado entre el Ejecutivo y la Nueva Mayoría– que establece una escala de sanciones para penalizar esa práctica, con 23 votos a favor y 12 en contra.
El artículo establece que el sostenedor que sustraiga o destine los recursos a una finalidad diferente de los fines educativos señalados, estará obligado a reintegrarlos al establecimiento educacional, reajustados conforme a la variación expresada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el período comprendido entre el mes anterior a aquel en que se hizo la sustracción o desvío y el mes anterior en que se produjere la restitución.
Comprobada la infracción, la Superintendencia de Educación sancionará con una multa del 50% de la suma sustraída o desviada.
"Dichos montos en ningún caso podrán ser descontados ni pagados con cargo a cualquiera de los recursos públicos u otros que perciba el sostenedor en su calidad de tal", agrega el artículo.
Asimismo, las infracciones cometidas en el uso de los recursos generarán, además, las responsabilidades civiles y penales que el ordenamiento jurídico dispone. En este caso, la Superintendencia o el Servicio de Impuestos Internos (SII) deberán denunciar al Ministerio Público los hechos de que tomen conocimiento para los fines correspondientes.
Reacciones
Los senadores de la Alianza advirtieron que con la norma se estaría creando un "tipo penal en blanco" que "criminaliza el emprendimiento de los sostenedores", mientras sus pares de la Nueva Mayoría recalcaron que no se pueden "distraer recursos públicos en fines distintos a los establecidos entre los objetivos de la subvención".
Además, desde la Nueva Mayoría llamaron a sus pares a no "defender el lucro" y velar por los derechos de los estudiantes. Incluso, algunos parlamentarios fueron más tajantes y plantearon que, aún aprobada la normativa, es débil en cuanto a sancionar penalmente la práctica.
Fue el senador UDI Hernán Larraín, quien insistió que "esta norma tiene problemas estructurales significativos porque el tipo penal que se está configurando no queda claro ni desarrollado en esta ley y eso puede constituir una ley penal en blanco".
En esa línea, argumentó que "no me parece que sea una norma conveniente ni sana tal cual está redactada. De eso estamos hablando, de una cuestión estrictamente técnica que para el derecho penal no parece del todo conveniente".
El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), en tanto, aseguró que "aquí no hay ningún tipo penal nuevo, no se crea nada nuevo. Yo hubiera querido algo penal, dentro de los delitos de cuello y corbata. Usted tiene delimitado lo que puede hacer con la subvención. Esa subvención es de carácter público, no entra a su patrimonio, y si usted la destina a otro lugar, la reintegra. Además, aplica una multa".
En tanto, su par socialista Carlos Montes dijo que "lo que hay es una avance parcial e importante", pero compartió la premisa de Lagos Weber y aseguró que "hubiera preferido que se estableciera un tipo penal que se pareciera a malversación".