FIDE presentó requerimiento ante el TC en contra de la reforma educacional

SANTIAGO.- La Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento en el que argumenta que el proyecto de ley sobre reforma educacional aprobado por el Legislativo incluye "normas abiertamente inconstitucionales".

El escrito, cuyo ingreso fue notificado en la cuenta del organismo jurisdiccional, fue interpuesto por Guido Crino Tassara, primer vicepresidente nacional de la organización.

En el documento la entidad, pidió que el TC "ordene la suspensión de la promulgación del proyecto de ley aprobado en el Parlamento y que pone fin al lucro, la selección y al copago".

La entidad gremial argumentó que disposiciones contenidas en la normativa "ponen en riesgo la autonomía de proyectos educativos" emprendidos en el marco de la educación particular y particular subvencionada.

De acuerdo a la normativa aprobada, precisa el documento, los sostenedores quedan sin medios para proteger sus legítimos intereses frente, por ejemplo, a la morosidad de los apoderados.

"La reforma es un aliciente a la morosidad y puede conducir a la generalización de esta conducta que traería necesariamente, como consecuencia, la imposibilidad de que los sostenedores puedan seguir manteniendo su entidad educativa", advirtió.

En cuanto a las disposiciones que regulan el lucro, la entidad señaló que "supondría establecer una discriminación" en contra de los sostenedores, "sin ninguna otra razón que eliminarlos de las ofertas educativas, vulnerando con ello otras normas constitucionales".

Como, ejemplo, puso el caso de las editoriales "tampoco se establece en ninguna parte, cual es la razón para impedir que se pueda integrar, al sistema educativo, personas jurídicas con fines de lucro. En este sentido no era razonable restringir estos derechos, pues por ejemplo, existen editoriales que lucran con la educación, con dineros públicos, y no han sido coartadas en ninguno de sus derechos".

También, considera que la normativa restringe la libertad de enseñanza al "limitar la creación de centros educativos, entre los cuales los padres y apoderados pueden elegir ofertas educativas o proyectos diversos a los ofrecidos por el Estado", concluyó.