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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:00
SANTIAGO.- El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer los hechos por presuntos delitos tributarios, cohecho, apropiación indebida y soborno que indaga la fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente en el marco del denominado Caso Penta.
Ello, luego que la jueza Francis Fell rechazara la solicitud del ex senador Jovino Novoa -denunciado en la causa- al estimar que el principio de ejecución de los ilícitos investigados corresponde a lugares fuera de su jurisdicción.
De esta manera, la magistrada descartó los argumentos de la defensa del ex parlamentario, encabezada por el abogado Francisco Cox, que basó sus alegatos en que los hechos indagados habrían ocurrido en las oficinas de Penta, en la comuna de Las Condes, y por tanto corresponde al Cuarto Juzgado de Garantía seguir conociendo los antecedentes de la causa.
Por lo anterior, la investigación que llevan adelante los fiscales Carlos Gajardo, José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena seguirá siendo revisada por el 8° Juzgado de Garantía donde actualmente está radicada, ya que según estableció la magistrado -acogiendo lo expuesto por el Ministerio Público- de acuerdo a los antecedentes reunidos durante la indagatoria y a la declaración de Hugo Bravo, las negociaciones se habrían llevado a cabo en las oficinas del SII en Providencia, específicamente en el despacho de Iván Álvarez, uno de los acusados en la causa por fraude al FUT que dio inicio a la arista política.
En la instancia, el fiscal Norambuena reafirmó que "para nosotros todos los tribunales son imparciales, pero debemos ir donde por jurisprudencia corresponde" y esa, según el principio de ejecución, corresponde al tribunal que hoy tramita el caso.
El persecutor, además, insistió en que el acto de soborno investigado antes del fraude tributario y que involucra a Bravo, fue en Providencia, específicamente en calle General del Canto, donde Álvarez tenía su oficina.
"Donde se comete el delito es en el seno de las oficinas de los funcionarios públicos", reafirmó, rechazando de esta forma lo planteado por la defensa que anunció que apelará a la decisión del tribunal dentro de los próximos 5 días establecidos por ley.
Los argumentos del Ministerio Público fueron respaldados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el resto de los querellantes en la causa que sustancia la fiscalía Oriente.
