Justicia concede la extradición de Natalia Ciuffardi pero ordena su juzgamiento en Chile

SANTIAGO.- El ministro instructor Hugo Dolmestch aceptó extraditar a la chilena presuntamente involucrada en el megafraude que afectó al Instituto de Seguridad Social de Honduras y que supera los US$150 millones, pero ordenó que sea juzgada en Santiago.

Ello, luego que el gobierno de ese país solicitara a la justicia chilena que Natalia Ciuffardi fuera juzgada en su territorio por el delito de lavado de dinero.

De esta manera, la joven -quien fue pareja del principal imputado en la causa, Mario Zelaya- no enfrentará un juicio en Tegucigalpa el próximo mes de septiembre como esperaba el gobierno hondureño, y deberá hacerlo en Santiago.

De confirmarse ello, el proceso se convertiría en el juicio más largo y caro de la historia judicial chilena debido a la cantidad de testigos y peritos que serían ofrecidos como prueba de la Fiscalía, ya que el Ministerio Público de Hondura pretende presentar más de 350 testigos y de 70 peritos como medio de prueba, quienes deberán viajar al país para participar de la instancia que ahora está en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Antecedentes

De acuerdo a peritos hondureños que prestaron declaración en el juicio de extradición, Ciuffardi compró en Honduras tres propiedades por un monto total de US$ 392.979.

Dicho antecedente se suma a los reunidos por el fiscal sur Omar Mérida -a cargo de la primera parte de la indagatoria- que establecen la existencia de comprobantes de ingresos de dinero que acreditan que la chilena participó de la sustracción directa de dineros fingiendo ser consultora internacional.

La investigación también estableció que Ciuffardi compraba propiedades y vehículos a su nombre, llegando en un solo día a adquirir en Chile dos departamentos.

De la misma manera, habría desembolsado gran cantidad de dinero en vehículos nuevos, una casa en la playa y la propiedad en la que vive con su familia en la comuna de Puente Alto, todo avaluado en cerca de $300 millones que no fueron posibles de justificar ya que la imputada, actualmente en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, no tiene registrada iniciación de actividades.

Los intereses del gobierno hondureño fueron representados por el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional, abogado Eduardo Picand, quien ahora estudiará el fallo para analizar una posible apelación que deberá ser revisada por la Sala Penal de la Corte Suprema.