Abogado Alejandro Peña, defensor de uno de los policías acusados y que fueron absueltos.
El Mercurio
SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Arica revisa a esta hora el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público para dejar sin efecto el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad que absolvió a cuatro ex efectivos de la unidad antinarcóticos de Carabineros y a tres civiles que fueron acusados de tráfico de drogas, asociación ilícita y falsificación instrumental.
En la instancia, la Fiscalía insistirá en la culpabilidad de los sujetos respecto a los delitos imputados y de esta manera, poder anular el primer proceso y dar paso a un segundo, con las mismas pruebas, pero ante un tribunal diferente.
Por su parte, los abogados defensores -entre ellos Alejandro Peña- intentarán mantener la resolución del tribunal que además condenó en costas al Ministerio Público al estimar que "resulta inexplicable la actitud del persecutor y querellantes en este juicio pues las mismas han pretendido una condena penal en un procedimiento de legalidad cuestionada que denota una torcida investigación".
Veredicto
El 19 de diciembre, en fallo unánime, los jueces absolvieron a los siete acusados en la causa al no llegar a la convicción para establecer la participación de los mismos en hechos relacionados con dos decomisos de droga cuestionados por el Ministerio Público y que se realizaron durante 2013.
El ente persecutor penal -que pidió penas que en total suman 164 años de presidio- intentó acreditar que los ex funcionarios policiales habrían planificado en dos oportunidades la internación de dos cargamentos de droga al país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera.
Para ello, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los ex policías habrían elaborado partes policiales falsos y realizado entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público.
Todo ello, sin embargo, fue descartado por el tribunal por estimar que las pruebas exhibidas no logran establecer la participación de los imputados en los delitos descritos en la acusación fiscal, cuestionando a su vez, el actual de los investigadores.
