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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:21
Patricio Contesse.
El Mercurio (archivo)SANTIAGO.- El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó esta jornada el recurso interpuesto por el gerente general de SQM, Patricio Contesse, que buscaba frenar la entrega de información contable de la empresa entre los años 2009 y 2014.
De esta manera, la Fiscalía podrá realizar diligencias respecto a la firma, investigada en el marco de una de las aristas que surgieron del denominado caso Penta y que dice relación con la presunta emisión de boletas de honorarios ideológicamente falsas para el financiamiento de campañas políticas.
Según había explicado ayer el abogado Samuel Donoso -representante de Contesse- se oponían a las diligencias del Ministerio Público, porque no existe una querella o denuncia que lo avale por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y que frente a hechos que pueden revertir un eventual delito tributario, el Ministerio Público no puede investigar de oficio estos ilícitos.
Donoso sostuvo asismismo que el único hecho que la fiscalía podría investigar es lo que establece la querella del SII: la existencia de una sola boleta emitida a SQM el 21 de julio de 2009 por María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por presunto cohecho, lavado de activos y delitos tributarios.
Por lo anterior, sostenía que la documentación requerida por el Ministerio Público "excede con creces el ámbito de la investigación que la Fiscalía tiene en virtud de la querella presentada".
Sin embargo, la jueza Alicia Rosende señaló en su resolución que si la presentación pretendía que el Tribunal ordenara al fiscal a cargo de esta investigación dejar sin efecto o suspender citaciones, o acotar las diligencias que actualmente está llevando a cabo (...), "lo cierto es que este Tribunal carece de facultades para ello, siendo el Ministerio Público quien, por expreso mandato constitucional y legal, tiene la dirección exclusiva de la investigación".
Añadió que si la parte solicitante estima que "el Fiscal está actuando de oficio, al margen de la legalidad vigente, lo cierto es que es la propia Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público la que establece la responsabilidad de los fiscales por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, no correspondiéndole a este Tribunal emitir un pronunciamiento al respecto".
