SANTIAGO.- El ex ministro Francisco Vidal (PPD) señaló este martes que considera necesario que el abogado Samuel Donoso, quien integra esa colectividad, debería "desvincularse momentáneamente" de ese partido mientras efectúa labores profesionales privadas en el marco de la llamada arista SQM.
El directivo del Partido por la Democracia se refirió así al rol cumplido por Donoso, quien presentó
un requerimiento ante el Tribunal Constitucional -en representación del ex gerente general de la minera, Patricio Contesse- que incidió en paralizar momentáneamente las diligencias en el caso.
"Él es militante de mi partido: es miembro de la Comisión Política y obtuvo la primera mayoría nacional en la última elección", señaló Vidal, en una entrevista concedida al programa "Cadena Nacional" de Vía X.
Añadió que la citada actuación "no me gusta mucho. Lo voy a plantear internamente en la reunión de la Comisión Política del lunes", adelantó.
Según el ex ministro, Donoso -quien también ha ejercido como abogado del senador PPD Guido Girardi- "tiene todo el derecho a ejercer su labor profesional, pero cuando uno está metido en estas cosas tiene que desvincularse momentáneamente" de sus responsabilidades en el partido, "porque o si no el partido queda como parte de esto".
"Creo que hay que congelar la participación" en la Comisión Política, "pero no la militancia", recalcó.
Agregó que planteará al interior de la colectividad oficialista que "en situaciones como esta, donde hay una tensión entre la labor profesional legítima y la representación, se abandone momentáneamente la representación (política) para abordar legítimamente la opción profesional".
"Vale la pena, para que no haya confusión en la opinión pública", precisó Vidal. "Para despejar eso, lo mejor es separar aguas".
La acción interpuesta por Donoso fue acogida este martes por el TC, lo que paralizó diligencias solicitadas por la Fiscalía hasta el 25 de marzo, cuando se efectúe una audiencia en la que se discutirá la admisibilidad del recurso.
El Ministerio Público buscaba incautar información contable correspondiente al período entre 2009 y 2014, dentro de la investigación del supuesto financiamiento irregular de campañas políticas.
