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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:21
SANTIAGO.- Un reciente informe de Contraloría reveló serias irregularidades en el programa de Liceos Bicentenario que administra la Subsecretaría de Educación, iniciando un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades.
El periodo de revisión correspondió al año 2013 cuando se transfirieron $1.277 millones por concepto de desembolso de equipamiento y muebles para los referidos recintos.
Se constató que de la muestra que obtuvo el organismo fiscalizador ($871 millones), más de $359 millones fue sustentado con fotocopias simples o bien no se proporcionó respaldo alguno, en circunstancias que según la cláusula de los convenios, las facturas que acreditan las compras deben ser entregadas mediante fotocopia autorizada ante notario.
"El Ministerio de Educación será responsable de exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados a las personas o instituciones del sector privado, proceder a su revisión y mantener a disposición de esta Contraloría General los respectivos sustentos, lo que en este caso no se cumplió", dice el documento del ente fiscalizador.
Además, se verificó que se compraron bienes por $63 millones los cuales no se encuentran identificados en los proyectos que fueron anexados a los convenios de transferencia y desempeño celebrados entre Educación y los distintos sostenedores, pese a que dichas adquisiciones deben corresponder a las compras previstas en dichos acuerdos.
De hecho, se comprobó que hubo desembolsos por compra de algunos bienes que superan lo consignado en los convenios. Se estableció un monto total a desembolsar por $134 millones, no obstante, se verificó que se pagaron bienes por $148 millones, presentando una diferencia en exceso de $13 millones.
Otra irregularidad es que se ejecutaron 12 convenios con antelación a la toma de razón, es decir que la primera cuota se pagó en el año 2010, por $1.754 millones en circunstancias que el respectivo acto administrativo fue totalmente tramitado en el ejercicio 2011.
Falta de fiscalización
El informe constató además que el Ministerio de Educación no ha diseñado un manual de procedimientos que incluya objetivos, alcance, marco jurídico, responsabilidades, definiciones y descripción de actividades, excusándose en que "en el marco de la revisión de los convenios que lleva a cabo la actual administración, se elaborará el manual de procedimientos y emitirá el acto administrativo de su formalización".
Se comprobó también que la unidad coordinadora nacional del programa no realizó validaciones y seguimientos, lo que a juicio de Contraloría "facilitó incumplimientos de los sostenedores" y "la falta de control en relación a la documentación de respaldo de las rendiciones de gastos enviadas por los sostenedores al Mineduc, dado que los expedientes están constituidos por fotocopias simples".
Menor pero no menos importante es que el programa "no cuenta con un software o sistema de información que recopile, analice y resuma los datos de los sostenedores, liceos y alumnos beneficiarios".
"No existe evidencia de un control sobre el cumplimiento de requisitos, en orden a pertenecer al grupo más vulnerable, estar registrado en el Sistema de Información General del Estudiante, SIGE, del Mineduc, como asimismo, encontrarse matriculado en los planteles adscritos a los convenios vigentes e inserto en familias de estratos sociales sensibles", advierte el informe.
Tampoco están establecidos los antecedentes del representante y socios del sostenedor. De los expedientes revisados, algunos no contenían los certificados de antecedentes de los representantes legales y socios de los establecimientos educacionales que den cuenta de que éstos no han sido condenados por crimen o simple delito.
Incluso se verificó la ausencia de acreditación del título profesional del representante legal y socios o directores de los sostenedores. Incluso, en un caso se constató que en una entidad, el sostenedor no posee título profesional y que presentó como antecedente la licencia de educación media.
