Chahuán aseguró que ''es una atribución legal'' de ka Fiscalía ''pedir información a otra autoridad del Estado''.
Óscar Órdenes, El MercurioSANTIAGO.- El fiscal nacional, Sabas Chahuán, descartó este jueves cualquier tipo de presión al Servicio de Impuestos Internos (SII), luego que ayer, a través de un oficio, solicitara la entrega de información contable de SQM en un plazo máximo de dos días, en el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios que tendrían relación con financiamientos irregulares de campañas políticas y que se persiguen en el denominado Caso Penta.
"Es una atribución legal que tiene el Ministerio Público de pedir información a otra autoridad del Estado", dijo, recalcando que "las 48 horas es porque necesitamos que se entregue rápidamente, porque hay plazos legales".
La máxima autoridad del Ministerio Público, que desde el 24 de febrero dirige dicha investigación, agregó a su vez que continuará trabajando para "vencer obstáculos jurídicos" en alusión a los requerimientos presentados al Tribunal Constitucional (TC) por el ex gerente de Soquimich, Patricio Contesse, luego que el 8° Juzgado de Garantía le negara la cautela de garantía presentada para dilatar la entrega de datos requeridos por el ente persecutor penal.
"Si para investigar los delitos hay que empecinarse en conseguir lo que se busca, en vencer obstáculos, jurídicos, habrá que hacerlo", reiteró en argumentación a la solicitud al ente fiscalizador.
En la instancia, además, confirmó que durante los próximos días se concretarán las citaciones a políticos presuntamente involucrados en el caso, entre ellos el senador Iván Moreira -cuyo abogado ya tuvo un primer encuentro con el Ministerio Público- y la senadora Ena von Baer.
"Hay una serie de citaciones que se han despachado (...) tienen que declarar si lo desean en esta etapa porque tienen fuero parlamentario, sino, habría que evaluar otras instancias", añadió Chahuán, asegurando que el fuero, sin embargo, no evita que sean formalizados si se logra la convicción de la participación de los parlamentarios en los hechos indagados.