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Santiago: Martes 16 de julio del 2024 | Actualizado 21:59
La querella busca establecer su participación en presuntos delitos vinculados con el uso de información privilegiada y el tráfico de influencias.
El MercurioSANTIAGO.- El Juzgado de Garantía de Rancagua acogió a trámite la querella por violación de secreto y negociación incompatible en el marco del caso Caval, presentada el 11 de marzo pasado por parte de los diputados de Renovación Nacional (RN) Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards.
El recurso judicial interpuesto busca establecer la participación en presuntos delitos vinculados con el uso de información privilegiada y el tráfico de influencias por parte del actual seremi de Vivienda, Wilfredo Valdés; la arquitecta Cinthia Ross; el ex director de la municipalidad de Machalí Jorge Silva; y del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, quien era director Sociocultural de La Moneda.
La querella apunta a investigar posibles gestiones de empleados fiscales para cambiar el plan regulador de la región de O'Higgins lo que elevaría la plusvalía de los fundos Santa Cecilia, Santa Elena y San Diego, adquiridos por la sociedad Caval, de la cual es propietaria en un 50% la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon.
En primera instancia, la acción había sido interpuesta "en contra de todos los funcionarios públicos, actuales o pasados, que resulten responsables de los delitos de violación de secretos del funcionario público y de negociación incompatible del art. 240 bis del CP, disponiendo su remisión al Ministerio Público, a fin que de se dispongan las diligencias de investigación solicitadas".
"Este vínculo de funcionarios públicos con particulares puede implicar una vulneración del deber de todo funcionario público de guardar silencio, sobre todo frente a quien tiene un interés económico en la información que posea ese funcionario público", señalaba el texto.
Sin embargo, el juez de Garantía de Rancagua, Luis Barría, solicitó "dirigir la acción penal en contra de personas determinadas", lo que fue precisado posteriormente por el abogado Eduardo Riquelme.
"La presente acción penal se dirige contra Cinthia Ross, Jorge Silva, Wilfredo Valdés y Sebastián Dávalos (...) Hacemos presente que dichas personas son aquellas que se mencionan en los hechos expuestos en la querella y que tuvieron o tienen la calidad de funcionarios públicos conforme en artículo 260 del Código Penal", aclaró.
