SANTIAGO.- Los diputados DC que forman parte de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Matías Walker, Gabriel Silber y Jaime Pilowsky, criticaron las declaraciones del subsecretario del Interior, Mahumd Aleuy, sobre la posibilidad de aplicar estado de sitio en días conflictivos, como el "11 de septiembre" o el "Día del joven combatiente".
Luego de conocer los dichos de la autoridad, quien señaló ayer que el Gobierno no descarta aplicar esa medida ante los enfrentamientos que se producen en esas fechas, luego del asesinato del carabinero Alejandro Gálvez, Walker aclaró que este tipo de medidas de excepción deben pasar por el Congreso.
"Queremos aclarar a la opinión pública que este estado de excepción, que es una medida extrema, pues implica restringir el ejercicio de la libertades, derechos y garantías constitucionales, sólo puede decretarla el Presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional, que tiene que pronunciarse en un plazo de cinco días, en caso de guerra interna o conmoción interior, no se trata de llegar y aplicar este estado", indicó.
En esa línea, recordó que "no hay pena más alta en nuestro ordenamiento jurídico que la que se puede aplicar por el crimen de un carabinero: presidio perpetuo calificado. Es una pena que se incorporó durante el gobierno del presidente Lagos y lo mismo para funcionarios de la PDI, durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet".
En tanto, Pilowsky pidió al Ejecutivo "tener mente fría frente a estos hechos. Lo que corresponde, y lo que esperamos, es desarrollar inteligencia para perseguir a los responsables y adelantarse a los hechos, sancionando fuertemente a los culpables".
"No basta con las palabras del señor Aleuy, aquí hay normas constitucionales que deben respetarse y sus palabras no contribuyen, por el contrario, nos pueden llevar al absurdo de decretar estado de sitio en estos casos. Y, finalmente, es fundamental garantizar el pleno respeto de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos".
Finalmente, Silber precisó que "esto significaría la derrota del Estado frente a la delincuencia y a los hechos de violencia; encerrar a las personas en sus casas y limitar sus derechos, en lugar de trabajar con profesionalismo e inteligencia para poder desbaratar a los grupos que infringen la ley".
"La solución no es recurrir a estados de excepción; aquí hay responsabilidades que el Estado debe asumir en materia de seguridad pública y en la defensa de las personas", concluyó.